EP / CL -La crisis económica provocó elevados incrementos durante el año 2008 de las concursos de acreedores y las ejecuciones hipotecarias, cuyo número respecto al año anterior supuso un aumento de un 268 por ciento y un 126 por ciento respectivamente, según datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

ECONOMÍA / Según el Poder Judicial
El órgano de gobierno de los jueces ha efectuado un informe sobre los efectos previsibles de la crisis en la carga de trabajo de los órganos judiciales en el que destaca que los Juzgados de lo Mercantil han sufrido “un crecimiento continuado desde el tercer trimestre de 2007” del número de concursos presentados.

Advierte, además que si bien en el 2008 “casi se ha triplicado” el número de concursos de acreedores (que pasaron de 1.589 en 2007 a 4.813 en 2008) “el panorama para 2009 y 2010 parece mucho peor”. Así, en 2009 el número de concursos será más del doble que en 2008 y los presentados en 2010 triplicarán a los de 2008, dice el estudio.

Otro de los datos más llamativos es el referente a ejecuciones hipotecarias, que afectan a los juzgados de Primera Instancia en materia civil, que comenzaron a presentar un importante incremento a partir del tercer trimestre de 2007.

Así, alcanzaron en 2008 las 58.686, frente a las 25.943 del año anterior, un incremento del 126 por ciento. El estudio advierte que la tendencia continuará en 2009 con aumentos del 96 por ciento respecto a esta cifra.

El CGPJ concluye que la crisis está teniendo “un importantísimo impacto en los Juzgados de lo Mercantil”, que llevan la carga de los ya mencionados concursos de acreedores y de los expediente por cuestiones laborales, entre otros.

En los Juzgados de lo Social, los despidos experimentaron un aumento del 48 por ciento en 2008 y su subida también continuará durante los dos próximos años. Otros de los procesos que se han incrementado notablemente son aquellos que afectan al cobro de deudas (monitorios y cambiarios).

No obstante, la crisis no afectará únicamente a los Juzgados de lo Civil y Social ya que, en opinión del CGPJ, “también puede dar lugar a un incremento de los procedimientos penales al aumentar el número de parados y acabarse la cobertura de desempleo, lo que puede poner en difícil situación a algunos colectivos, especialmente los de inmigrantes”.