La Argentina lleva siete años con las tarifas de la energía sin actualización relevante.

Rosendo Fraga

Si bien es cierto que industrias y grandes consumidores han tenido ajustes importantes, lo real es que la luz, la nafta, el gas y el transporte cuestan en la Argentina mucho menos que en Brasil, Chile y Uruguay, países que constituyen su entorno geográfico y también su contexto político regional.

La administración Kirchner -primero la de Néstor y ahora la de su esposa- ha tenido la misma actitud frente al problema: postergar todos los aumentos que puedan tener costo político.

Ello no ha impedido que el 40% del monto de los subsidios otorgados para mantener subvaluadas las tarifas de los servicios públicos, no hayan sido destinadas a la clase media y alta, sin tener un real efecto de redistribución de la riqueza, como sostiene el discurso oficialista.

Esta situación ha transformado a la Argentina de país exportador de energía en importador, situación que tiende a acentuarse por la evidente falta de inversión.
Pero la cuestión hacia adelante es si la Presidente Cristina Kirchner cambiará ahora esta política, después de que el conflicto con el campo y sus consecuencias tanto políticas como sociales le han hecho perder aproximadamente la mitad de la popularidad que tenía siete meses atrás y generado incertidumbre sobre la economía. El escenario probable es que no cambie.

Podrá darse algún ajuste menor como el que acaba de tener lugar para los consumidores de electricidad de altos ingresos, pero esta administración -debilitada políticamente- lo más probable es que siga postergando el necesario ajuste con el argumento ahora de que primero debe recomponer su poder político, para entonces estar en condiciones de enfrentar los costos de un sinceramiento de las tarifas.

La clave de este aumento ha sido política: castigar a la clase media alta y la clase media por su apoyo al campo durante el conflicto, que se expresó a través de los cacerolazos en los grandes centros urbanos.

El 17 de julio, un cuarto de millón de personas se manifestó en el centro de Buenos Aires en apoyo del reclamo del campo. El aumento en la tarifa de electricidad alcanza a sólo uno de cada cuatro consumidores, pero de los que manifestaban contra el Gobierno, los alcanza a por lo menos cuatro de cada cinco.

Mientras el mercado ve el aumento de la tarifa eléctrica a los consumidores de ingresos más altos como una señal de cambio en la política económica, en mi opinión se trata de una acción política de represalia contra los sectores sociales que más activamente se oponen a la administración Kirchner.

Además, a dieciséis meses de la elección legislativa de medio mandato, lo probable es que ella siga postergando las medidas que tengan costo.

En diciembre, cuando tenía 60% de popularidad, podía perder 15 puntos por el costo de este tipo de medidas y pese a ello quedar con un consenso importante.
Pero ahora, cuando su popularidad araña el 30%, el costo político de un sinceramiento de tarifas podría poner en riesgo la gobernabilidad.

Se podrá decir que no enfrentar el problema hoy hará que irrumpa causando mayor daño en algunos meses. Pero este no será el razonamiento de una administración que muestra ser muy reacia a cambiar su estilo, como se ha hecho evidente en los últimos días.