Los planes de Texas de ejecutar a un mexicano convicto por el asesinato de dos muchachas adolescentes tiene enfrentados en el Tribunal Supremo al presidente George W. Bush con las autoridades de ese estado.

Quiere suspender ejecución

Bush quiere suspender la ejecución de José Ernesto Medellín en lo que se ha convertido en una confusa prueba del poder presidencial que el máximo tribunal, que debatirá el caso esta semana, deberá resolver.

El presidente pretende hacer cumplir la decisión del Tribunal Internacional de Justicia que determinó que los procesos de Medellín y otros 50 prisioneros de origen mexicano se realizaron indebidamente ya que no se les permitió hablar con sus consulados, derecho consagrado en la Convención de Viena de 1963.

Pero en el pasado, Bush ha dicho que ignorará cualquier decisión de ese tribunal que afecte las leyes criminales estatales.

“El presidente no está de acuerdo con la interpretación de la Convención de Viena por la Corte Internacional de Justicia”, dijo el gobierno en argumentos presentados ante el Tribunal Supremo. Esta vez, no obstante, Estados Unidos decidió aceptar la decisión porque no hacerlo pudiera dañar intereses norteamericanos en el exterior, dijo el gobierno.

Texas argumenta que ni el tribunal internacional ni el presidente tienen autoridad en el caso.

Medellín nació en México, pero pasó gran parte de su niñez en Estados Unidos. Tenía 18 años cuando, junto a otros miembros de la pandilla Negros y Blancos en Houston se encontraron con las dos adolescentes en una vía ferroviaria.

Las dos niñas fueron violadas y estranguladas, y sus cuerpos fueron hallados días más tarde.

Medellín fue arrestado poco después. La policía le dijo que tenía derecho a no hablar y a solicitar la presencia de un abogado, pero no le informó que podía pedir asistencia del consulado mexicano, como lo disponen las leyes internacionales.