La organización católica “Cáritas” ha registrado durante 2009 un récord histórico al haber atendido a ochocientas mil personas afectadas por la crisis. Denuncia, además, que el Gobierno no cubre las necesidades básicas de los más afectados.
El Gobierno, incapaz
El IV Informe
“La acción social ante la crisis”, elaborado por el
Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española desvela que esa entidad católica sin ánimo de lucro ha atendido durante 2009 a más de
ochocientas mil personas, todo “un récord histórico”.
De acuerdo con su historial, la ayuda social a través de los servicios de acogida y asistencia se ha duplicado en dos años a causa de la crisis económica, pasando de cuatrocientas mil en 2007 a seiscientas mil en 2008. Esas cifras, así como las del presente año, no incluyen otros programas.
Las necesidades básicas más demandadas por las personas que acuden a Cáritas son: alimentación, vivienda, empleo, acompañamiento sobre asuntos legales y extranjería, y apoyo psicológico.
En una rueda de prensa, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, indicó que la mayor parte de las personas que solicitan ayuda a la institución no perciben renta alguna y que los servicios sociales de las administraciones públicas no cubren muchas de las necesidades básicas de estas personas.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha entregado a Cáritas una aportación de tres millones de euros correspondientes al 1,5 por ciento del Fondo Común Interdiocesano. El prelado dijo: “Quiero hacer una llamada a los católicos y a toda la gente que confía en Cáritas para que sigan aportando su ayuda personal y económica”.
Sebastián Mora destacó que la “precaridad” de la protección social en España es alarmante porque la proporción del gasto social con relación al PIB es del 22,7 por ciento, unos cinco puntos por debajo de la media europea. Además, destacó que los servicios sociales en nuestro país carecen de una definición legal y técnica unificada o están sometidos a una legislación “desigual”.
Los datos del infome, destacó, revelan que, en general, los servicios sociales públicos no cubren muchas necesidades básicas de las personas más acuciadas por la crisis.
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