A lo largo de los años que llevamos viviendo en democracia se aprecia que los partidos de derecha no dan tanta importancia a la educación como los partidos de izquierda. Al menos en España. Los partidos de izquierda saben que el agua fina de la educación moldea la sociedad y los votos.

Se va imponiendo un sistema educativo en las antípodas del esfuerzo y la superación. Así se extiende una visión de la democracia equivalente a la mediocridad, confundiendo igualdad de oportunidades con igualitarismo académico, sin estímulos ni reconocimientos.

Hay un empeño claro en que la figura del profesor se devalúe. Empezando por los padres que dan más valor a lo que dice o hace su niño en el centro educativo que lo que el profesor intenta trasladar con su dedicación profesional. Si un profesor no se busca motivaciones personales para su trabajo, hoy en día cae en el desánimo y el abandono.

Este Gobierno quiere adoctrinar, imponer, y por tanto también le estorban profesores con prestigio y personalidad. Socavar su autoridad es también un objetivo prioritario. Adoctrinamiento y mediocridad van de la mano: quien se esfuerza por no ser mediocre no es presa fácil para ser adoctrinado, y no adoctrina a los alumnos.

Viene una enseñanza en Infantil y Primaria con perspectiva de género en Matemáticas, gran empeño en descubrir la sexualidad y una asignatura como Valores cívicos y éticos que es para temblar.

Este Gobierno hará todo lo que pueda salvo lo que los tribunales o los padres impidan para impedir la libertad de elección de centro educativo, la libertad de elegir el castellano como lengua vehicular, y para permitir cualquier atisbo de libertad a los padres, que tienen el derecho y deber de educar a sus hijos.

Más que el atraco de la comisión de una tarjeta bancaria o el de la subida de la luz, estamos viviendo un atraco más relevante, que es el atraco educativo. Esperemos que haya reacción, aunque sea en septiembre.

Me parece muy preocupante el informe de la OCDE sobre la situación de los jóvenes en España, informe que pone sobre la mesa un problema social que, a mi entender, debe convertirse en prioritario tanto para los responsables políticos como para la sociedad civil. España es el segundo país de la OCDE, después de Italia, con mayor número de personas entre los 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Cerca de un millón de jóvenes españoles viven en la permanente desocupación, según esa fuente. La gravedad de estos datos se acrecienta si consideramos que, desde 2010, no ha cambiado prácticamente ni el porcentaje de los que sociológicamente se denominan ninis, ni la tendencia.

Quizá estemos pagando el pato de la célebre transición digital los que pensábamos con candor angelical que los problemas que nos traería la modernidad tecnológica se ocuparía ella misma de arreglarlos, personalmente soy uno de los sufridores. Pues va a ser que no, al menos en este asunto en apariencia tan trivial. Infinidad de material que en otro tiempo estaría organizado en sencillos cuadernos colocados en una estantería de la salita de estar ya no existe por obra y gracia de ese espejismo informático que continúa cautivando hasta cuando genera incordios como el que describo.

Algo que era de coser y cantar se ha convertido por esa ridícula fascinación electrónica en una gaita. Aunque hagamos muchas más fotos que ayer, tantas de ellas superfluas, su conservación provoca inconvenientes que no existían en los simples álbumes, al tener que guardarlas en nubes que no son gratuitas, cuando no en lápices de memoria que nunca sabes lo que te pueden durar o dónde demonios los has metido, o vagando de ordenador en ordenador con un coste cada vez mayor de almacenamiento, y sin contar el precio añadido de la electricidad, cercano al del caviar iraní.

Estas cosas, insisto, no se daban en aquel malhadado mundo analógico. Y vivíamos tan ricamente. Ahora, en cambio, nos hemos empeñado en crear dificultades donde no las había, justo por ese extendido papanatismo 5.0 del que cuesta escapar, sobre manera a los incapaces de advertir que no todo el monte es orégano y que una prudencia elemental aconseja siempre abrazar novedades solo cuando superan lo que tenemos o conocemos.

Sin defender tendencias neoluditas o tecnofóbicas, bien haremos en desenmascarar el acentuado cretinismo que acompaña a determinados avances, en particular a aquellos que aceptamos a diario como verdad revelada cuando no son sino retrocesos o camelos como la copa de un pino.

Además de la crisis diplomática y migratoria con Marruecos, el llamado caso Gali amenazaba con una tormenta política y jurídica como secuela de la estancia en España del líder del Polisario, por aparentes razones humanitarias. Como consecuencia del empeño de un juez de Zaragoza por aclarar las circunstancias de la confusa entrada del político saharaui en territorio español, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha visto imputada por haber autorizado el vuelo secreto de un avión argelino que trajo a Brahim Gali a nuestro país. Pero es evidente que cualquier decisión que tome un ministro, sobre todo a sabiendas de que puede vulnerar la legalidad vigente y afectar a un tratado internacional, tiene que contar con la autorización del presidente del Gobierno. No obstante, por las razones que sean, parece que todo eso ha quedado obviado y al caso cerrado.

Las políticas activas de empleo en nuestro país, en las que nos gastamos mucho dinero, todo hay que decirlo, no ayudan a los jóvenes parados a encontrar trabajo. A todo eso hay que añadir que el mundo de la empresa y el mundo de la formación, salvo honorables excepciones, están tradicionalmente separados. Algo de esto pretende solucionar el nuevo proyecto de ley de formación profesional, y la intención de vincular la renovación de los ERTES a la formación. Pienso que en principio, son medidas interesantes, pero lo esencial no es que haya más formación, sino que esa formación sirva realmente para encontrar empleo. Y para eso hay que estar muy cerca de las empresas y muy cerca de los jóvenes.