La ineficiencia de la burocracia estatal hace que los fenómenos naturales no se anticipen adecuadamente.
Todos los años, los periódicos locales publican artículos recordando el terremoto del 15 de enero de 1934 que mató 18.000 personas en todo Nepal e India, conmemorando el Día Nacional de Seguridad contra Terremotos. El objetivo es hacer un balance de lo que se hace para prevenir una tragedia anunciada.
De modo que todos conocían las consecuencias, y los reportes históricos mostraban que cada 70 años había un gran movimiento telúrico sabiendo que Katmandú está sobre la falla donde chocan las placas de India y Euro-Asia.
Sin embargo, hubo más de 5.000 muertos y la ONU calcula que ocho millones de personas podrían verse afectadas por el seísmo de magnitud 7,8 que el 25 de abril arrasó el país, mientras que 1,4 millones necesitan ayuda alimentaria y 1,3 millones de niños requieren asistencia urgente. El desastre fue mayor, básicamente por varios motivos.
Porque los altos costos, a partir de elevados impuestos, y regulaciones estatales obstaculizadoras inducen a que se sigan construyendo edificios que no son sismorresistentes y, por sobre todo, que las compañías aseguradoras privadas no asuman el importante rol que les cabe. Y, por cierto, la proverbial ineficiencia de la burocracia estatal hace que los fenómenos naturales no se anticipen adecuadamente y que los rescates sean deficientes al punto de que siempre son las ONG –como la Cruz Roja– las que llegan más rápido y mejor a los afectados.
Me recuerda a Katrina. El Ejército de EE. UU., concretamente el
Army Corps of Engineers (ACE), fue el que construyó y mantuvo los canales y murallas que protegían a Nueva Orleans, que, a sabiendas, no podían resistir tormentas de la magnitud de Katrina y la ciudad quedó destrozada. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras perfectamente podían haber construido infraestructura de defensa adecuada si las regulaciones estatales lo permitieran.
Según la consultora de riesgo IHS, el costo de la reconstrucción de Nepal podría superar los US$ 5.000 millones, el 20 por ciento del PIB de esta pobre nación de 27,8 millones de habitantes, que, gracias al maoísmo imperante, ocupa el puesto 145 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y su renta per cápita anual no llega a los 1.000 dólares con un desempleo del 40 por ciento. Pero los gobiernos han prometido “grandes” ayudas: la UE, tres millones de euros; lo mismo que China. Y 10 millones de dólares EE.UU.
Las aseguradoras privadas gastan mucho más dinero.
Según la reaseguradora Swiss Re, el seguro pagó alrededor de US$ 35.000 millones por los “daños asegurados globales”, durante 2014, 45 por ciento menos que la media de los últimos diez años. El 80 %, unos US$ 28.000 millones, corresponden a catástrofes naturales mientras que los daños ocasionados por el hombre sumaron 7.000 millones. Unas 12.700 personas fallecieron en 2014 a causa de eventos catastróficos, menos de la mitad de las 27.000 del 2013.
Pero los daños fueron superiores a los que estaban asegurados: US$ 110.000 millones, de los cuales 101.000 millones se perdieron en catástrofes naturales. Sucede que los elevados impuestos y las inhibidoras regulaciones estatales hacen que el seguro no tenga una penetración mayor. Por casos, la participación del sector asegurador en el PIB alcanzó el 3,7 % en Venezuela; 3,8 % en Brasil; 4,3 % en Chile; 8,1 % en EE. UU., y 11,8 % en Inglaterra, mostrando que cuando más desregulado el mercado, más seguro está.
Alejandro Tagliavini
*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
Este artículo está en El Tiempo.
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