La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación y sorpresa por la orden de detención preventiva dictada recientemente contra la periodista Patricia Poleo y Nelson Mezheranne, co-propietario de Globovisión.

Las detenciones a periodistas tomaron mayor frecuencia en los últimos meses
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP) se mostró sorprendido y “profundamente preocupado” por las acusaciones contra la periodista Patricia Poleo y el co-propietario de Globovisión, Nelson Mezherane, advirtiendo que “la falta de independencia del Poder Judicial y la ligereza con que se ha señalado en otras oportunidades a Poleo y a otros periodistas, demuestran una sistemática persecución contra los periodistas en Venezuela”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación y sorpresa por la orden de detención preventiva dictada recientemente contra la periodista Patricia Poleo y Nelson Mezheranne, co-propietario de Globovisión, acusados de ser los presuntos instigadores del asesinato del fiscal Danilo Anderson.

La SIP protestó en enero pasado por el allanamiento de la vivienda de Poleo que de acuerdo a las autoridades tuvo como objetivo la búsqueda de las fuentes informativas que habría utilizado la periodista en artículos en los que denunció presuntos actos de corrupción cometidos por el fiscal Anderson. Anteriormente, tanto Poleo como otros periodistas fueron enjuiciados en tribunales militares por el delito de “instigación a la rebelión”.

Marroquín, basándose en la Declaración de Chapultepec, decálogo sobre libertad de expresión y de prensa, expresó que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado… por formular críticas o denuncias contra el Poder Público”.

“Es peligroso utilizar la justicia para intimidar y acosar a los periodistas”, dijo finalmente el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, quien añadió que se enviará una comunicación oficial a las autoridades venezolanas para exigir que se respete el derecho a informar y ser informado.