El gobierno determinó que los convenios operativos son ilegales y que de ser necesario será el propio estado quien asuma la producción del hidrocarburo. Cauta reacción del embajador de EEUU

Exige una participación estatal del 80% en los convenios firmados para la explotación de los pozos
En momentos en que el gobierno de Hugo Chávez acelera su plan de expropiaciones de tierras y empresas privadas por razones de “interés social”, el ministro de Energía, Rafael Ramírez, adelantó ayer que también podría avanzar sobre algunas áreas de la explotación petrolera en manos de compañías extranjeras.

Según explicó el funcionario, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) podría asumir el control de 32 convenios operativos existentes si estas firmas extranjeras se negaran a aceptar la conversión de esos contratos en empresas mixtas antes de fin de año.

“Los convenios operativos son ilegales… nosotros asumiríamos la producción con esfuerzo propio” en caso de que las empresas rechazaran cambiar los contratos, indicó Ramírez a la prensa.

“No va a haber más convenios operativos, nunca”, enfatizó el ministro. Y destacó, asimismo, que el gobierno venezolano tendrá una participación del 80 por ciento en los nuevos acuerdos de empresas mixtas.

22 empresas en riesgo de intervención

Pdvsa tiene convenios operativos con 22 compañías, que según ese régimen operan y administran pozos petroleros para la firma estatal. Entre estas compañías figuran Chevron y Repsol YPF, que como las demás pagan comisiones por barril de crudo a valores que se han disparado al subir la cotización del petróleo.

La ley de hidrocarburos de Venezuela, vigente desde fines de 2001, contemplaba el cambio de los convenios operativos al esquema de “empresas mixtas”, en asociación con Pdvsa. Los convenios operativos, que se firmaron entre 1990 y 1997, antes de que Chávez asumiera el poder en 1999, producen unos 500.000 barriles diarios.

A partir de enero próximo, el gobierno de Venezuela espera haber convertido todos los convenios operativos en contratos petroleros temporales, una “fórmula transitoria” previa a los acuerdos finales de empresa conjunta con Pdvsa, dijo Ramírez.

Cautela de parte del embajador norteamericano

Por su parte, el embajador norteamericano en Venezuela, William Brownfield, llamó la atención ayer sobre el efecto que estas expropiaciones tendrán sobre las inversiones extranjeras. Pero admitió que “la ley internacional reconoce el derecho de los gobiernos a las expropiaciones dirigidas al bienestar de la comunidad”. Además, evitó calificar la política de Chávez e insistió en que las decisiones económicas “son asunto soberano de los gobiernos”.