La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará hoy a juzgar a los etarras Mikel Azurmendi Peñagaricano, Alvaro Juan Arri Pascual e Idoia Martínez García, por la colocación de un coche-bomba en el Paseo de la Ermita del Santo de Madrid cargado con 45 de amosal, y que no estalló al paso de un furgón militar por un fallo en el mecanismo.

El Supremo decide esta semana si condena a Arnaldo Otegui por sus agravios al Rey
El artefacto explotó tras la intervención de los artificieros de la Policía Nacional y causó lesiones a 19 personas. El fiscal pide 701 años de prisión para Azurmendi y Arri, por 30 delitos de asesinato frustrado y estragos, mientras que pide 690 años de cárcel para la única mujer acusada por el primero de estos delitos, ya que el decreto de extradición emitido por las autoridades francesas excluye el delito de estragos.

El escrito de conclusiones del fiscal indica que los tres terroristas, integrantes del “comando Madrid” de ETA, decidieron en los últimos días de 1993 y primeros de 1994 llevar un ataque en la capital mediante la colocación de un coche-bomba al paso de una furgoneta oficial del Estado Mayor del Ejército del Aire.

Después de que todos los miembros del grupo llevaran a cabo todas las comprobaciones necesarias sobre el trayecto de la furgoneta, ocupada diariamente por 11 personas, robaron un Opel Corsa que cargaron con dos ollas con 45 kilos de explosivo amosal. En la noche del 24 al 25 de enero de 1994 trasladaron el coche al punto elegido.

Arri Pascual se encargó de cubrir la acción mientras que Azurmendi accionó el dispositivo, que no produjo el resultado deseado por un fallo del mecanismo. Ambos huyeron del lugar. Momentos más tarde llegaron los artificieros de la Policía que, tras colocar un cebo, provocaron la explosión del artefacto, que causó lesiones a 19 personas. El total de los destrozos causados en coches y viviendas colindantes fue tasado en más de 790.000 euros.

El fiscal explica que Azurmendi, tras ser detenido en Sevilla el 20 de marzo de 1998 reveló su propia participación, así como la de Arri Pascual, Idoia Martínez, Jon Bienzobas y Mercedes Chivite (estos dos últimos no están acusados en este juicio) en esta acción.

Por su parte, en el apartamento que Alvaro Juan Arri Pascual ocupaba antes de ser detenido se encontró un disquete con explicaciones y autocríticas sobre acciones perpetradas en Madrid, entre las que se encuentra ésta. Además, la Guardia Civil descubrió huellas dactilares puestas por Azurmendi, Arri y Martínez en un piso que ocuparon en la calle General López Pozas de Madrid.

El Supremo decide esta semana si condena a Arnaldo Otegui por llamar al Rey “jefe de los torturadores”

La Sala Penal del Tribunal Supremo celebrará el próximo miércoles la vista pública del recurso de la Fiscalía contra la absolución del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegui, de un delito de injurias al Rey, por decir del monarca que era “el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores”.

La sentencia absolutoria fue dictada el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque Otegui era entonces aforado ante dicho tribunal como diputado del Parlamento de Vitoria. El tribunal vasco admitió que las palabras del portavoz de Batasuna fueron “ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad”, pero entendió que no eran injurias graves, por lo que estaban amparadas por la libertad de expresión.

La Fiscalía recurrió la absolución al Supremo, ya que entiende que Otegui debe ser condenado. La decisión final corresponderá a una Sala del Supremo formada por los magistrados Joaquín Delgado, Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero, y Carlos Granados, este último como ponente. La vista se celebrará en sesión abierta al público, y en la misma defenderán su postura la Fiscalía y la representación letrada de Otegui.

El proceso se inició a raiz de que Otegi afirmase, en una rueda de prensa celebrada el 26 de febrero de 2003, y con motivo de una visita del Rey al País Vasco, que don Juan Carlos era “el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia”.