Horas antes de la elección, la administración estadounidense decidió imponer un nuevo paquete de sanciones. En esta oportunidad, el blanco de las medidas restrictivas fue La agencia de Radio y Televisión Islámica de Irán (IRTV).
La agencia de Radio y Televisión Islámica de Irán (IRTV, por sus siglas en idioma inglés) ha sido considerada como un órgano de prensa y propaganda del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, tal sus siglas en inglés). La acusación se basa en que desde tres semanas previas a las elecciones lanzó un programa global dentro de los Estados Unidos para influenciar los resultados. La agencia de prensa también fue acusada de operar en red favoreciendo la financiación y actividad de unos doscientos medios de comunicación en más de una docena países del mundo.
El órgano de propaganda política operó por los últimos dos años de forma encubierta a través de varios medios en Europa, donde se sirvió de España como cabecera operacional para emitir su mensaje al público de habla hispana en las costas este y oeste de los EEUU y América Latina.
Según la comunidad de inteligencia europea y estadounidense, en Madrid IRTV cuenta con la colaboración de altos funcionarios del gobierno español y en Barcelona, lo hace a través de comunicadores a quienes financia generosamente. La agencia también cuenta con medios asociados en Frankurt, Londres, Paris y Roma.
El objetivo iraní ha sido favorecer la imagen del candidato demócrata Joe Biden en detrimento del republicano Donald Trump para neutralizar su reelección. En esa tarea invirtió cientos de millones de dólares.
En el plan de apoyar y forzar la llegada de Biden al salón Oval, los mullah depositan su esperanza en que él deje sin efecto las sanciones impuestas por la administración Trump para desahogar al régimen económicamente y disponer de libertad en la continuidad de su proyecto misilístico intercontinental y su programa nuclear.
Ese apoyo de la propaganda iraní es lo que horas antes de la elección llevó a Washington a decidir la aplicación de nuevas sanciones sobre la agencia khomeinista. Sin embargo y, al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro también impuso sanciones adicionales al Ministerio de Petróleo y a la Agencia Nacional de Petróleo de Irán. El Tesoro sostuvo que esas entidades brindan apoyo financiero al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y al régimen del dictador sirio Bachar al- Assad.
Según declaraciones de Elliott Abrams, representante de EEUU en asuntos de Irán y Venezuela, la consagración de Biden como presidente no debería modificar las cosas ya que no le resultara sencillo eliminar las sanciones a Teherán dado que todas, incluyendo las aplicadas fuera del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) del año 2015, no podrán ser levantadas fácilmente porque la estructura general de las medidas y sanciones adicionales están previstas para que continúen por bastante tiempo más.
La mayoría de esas medidas restrictivas fueron impuestas desde el ascenso al poder de la revolución islámica en el año 1979 y no tienen relación directa con el programa nuclear. En consecuencia, el levantamiento de esas sanciones hace necesario una declaración y confirmación de que Irán no está comprometido en el apoyo al terrorismo, algo que el régimen difícilmente pueda demostrar.
Lo concreto es que Biden o Trump entienden que debe hacerse algún tipo de acuerdo nuevo en materia nuclear con Irán. El actual es insuficiente como quedó demostrado con la conducta de Irán cuando recibió miles de millones de dólares de la administración Obama luego de la firma del tratado JCPOA y ello no tiene que ver sólo con el aspecto nuclear, sino con el financiamiento de organizaciones terroristas en Líbano, Irak, Yemen, Gaza y Siria.
En esa línea de pensamiento un nuevo acuerdo no puede dejar de lado tales actividades y el comportamiento regional iraní más allá del Dossier nuclear o su programa de misiles intercontinentales.
Por otra parte, la cláusula de todas las medidas que se han ido anexando de manera adicional expiran entre 2026 y 2031. En consecuencia si Biden dejara sin efecto las sanciones, estaría violando lo dispuesto por el Tesoro y constituiría un acto de abierta inconstitucionalidad y de difícil aceptación en el Senado por los republicanos.
Los khomeinistas son conscientes que su régimen no puede soportar otros cuatro años más bajo la asfixia actual de las sanciones implementadas por Donald Trump, por lo que no tendrán mas opción que negociar si no quieren agravar su comprometida situación actual. Y allí Washington tendrá la oportunidad de bloquear a los mullah en sus planes para la obtención de armas nucleares.
Puede que muchos piensen que una presidencia de Biden cambiaría las cosas en 180°. No obstante, en materia de las sanciones, el escenario no será tan positivo como espera Irán. Contrario a ello, lo que pareció una victoria iraní con el vencimiento oficial de las sanciones operado el 18 de octubre, la realidad mostró que no ha sido de ese modo ya que EEUU ratificó unilateralmente las sanciones y la Unión Europea (UE) mantiene sus medidas restrictivas sobre transferencias de armas a Teherán.
No obstante y más allá de desafiar a Washington con la visita a Caracas del canciller iraní Javad Zarif del pasado miércoles y de sus conversaciones con el dictador Nicolás Maduro sobre el envío de misiles a Venezuela; los iraníes saben que eso tampoco fue una victoria porque si intentan transferir armas al régimen chavista no podrán hacerlo de forma legal debido a las restricciones vigentes, de forma tal que deberán instrumentar un sistema paralelo que lo permita ya que la dictadura caribeña aparece como la primera plaza comercial para la venta de armas y misiles que planifica cerrar Irán.
Sin embargo, si Irán vende misiles de largo alcance a Venezuela, estaría configurando una amenaza grave para Washington ya que estos podrían alcanzar el territorio estadounidense, por lo que tal transferencia sería inaceptable para EEUU y difícilmente sea tolerada sin acciones directas que la neutralicen.
Sobre las críticas que se han escuchado en campaña, las acusaciones sobre Trump se centraron en que su salida del acuerdo debió ser ejecutada en el marco de un anexo dentro del mismo acuerdo, algo que no fue enfocado de ese modo por su administración y que clausuro cualquier posible dialogo posterior. Mientras que Biden, manejó ese aspecto de forma reduccionista cuando habló de un regreso al acuerdo con los iraníes en el marco del cumplimiento de nuevas pautas por parte de Teherán, lo cual aparece como complejo en virtud del comportamiento demostrado por los khomeinistas en su apoyo a grupos terroristas regionales.
Para futuras relaciones con la República Islámica de Irán, el demócrata Joe Biden tendrá que enfrentar un proceso colmado de complejidades y resolver numerosos aspectos jurídicos si se inclina por el levantamiento de las sanciones a Teherán, sobre todo si desea hacerlo en observancia y apego a la ley.
En consecuencia, cualquiera sea la dirección que tome la política exterior estadounidense para con Irán, el levantamiento de las sanciones dependerá de la propia esencia de las mismas, de sus aspectos específicos y del tiempo en que han sido decretadas ya que algunas lo fueron por orden presidencial, otras por el Congreso y varias por el Tesoro.