El autor reflexiona sobre el reciente nombramiento de Gil Kerlikowske como Director de la Oficina de Control de las Drogas que tendrá como gran objetivo no tanto la encarcelación de los consumidores sino la prevención y el tratamiento. Asimismo, Sánchez Zinny hace una revisión sucinta pero completa de iniciativas llevadas a cabo en este terreno por anteriores gobiernos que contextualiza y enriquece su artículo.

Gabriel Sánchez Zinny

El nombramiento que hizo el Presidente Obama del nuevo Director de la Oficina de Control de las Drogas, comúnmente llamado Zar de las Drogas, Gil Kerlikowske, ex jefe de policía de Seattle, desató una serie de conferencias, comentarios y debates en Washington sobre la lucha contra las drogas, y en particular, sobre la situación de América Latina. A diferencia de anteriores administraciones, el Director no tendrá rango de Secretario, sino que se espera que el Vicepresidente Biden asuma mayor responsabilidad sobre el tema, siendo él uno de los senadores que en los  años 80 estableció la Oficina de Control de las Drogas.

 

Este nombramiento pareciera señalar que la Administración Obama estará más bien enfocada en la prevención y tratamiento y no tanto en la encarcelación de los consumidores, representando una clara diferencia con respecto a las políticas del Presidente Bush. Kerlikowske lo dejó más claro “el éxito de nuestros esfuerzos para reducir el flujo de las drogas depende enormemente de nuestra habilidad de reducir la demanda por ellas”. “El problema de las drogas” continuó el nuevo Zar “tiene que ver con el sufrimiento humano, y como oficial de policía y padre de familia, puedo entender sus nocivos efectos”. El ex jefe de policía hacía referencia a su hijo Jeffrey que fue una vez arrestado por consumo y tenencia de drogas.

 

Durante la Administración Bush, el financiamiento destinado a programas internacionales se duplicó, disminuyéndose para la prevención y tratamiento doméstico. El gobierno republicano concentró sus esfuerzos en delinear y aprobar la Iniciativa de Mérida, enfocada en temas de seguridad y combate contra el tráfico y la criminalidad a ambos lados de la frontera.

 

Desde que el Presidente Nixon, hace cuatro décadas, declarara explícitamente la guerra contra las drogas, el gobierno de Estados Unidos ha gastado billones de dólares (anualmente 40 billones de dólares, y arresta 1.5 millones de personas por tenencia o consumo de drogas, de los cuales 500,000 terminan en la cárcel) doméstica e internacionalmente, con mezclados resultados, de acuerdo a las evaluaciones de diferentes grupos independientes y think tanks en Washington. Julia Sweig, directora para América Latina del influyente Council of Foreign Relations, señala que “luego de más de 20 años y billones de dólares de gastos (mas de $8.5 billones entre el 2000 y el 2008), la guerra contra las drogas no ha sido efectiva”. Los más recientes informes estiman unas 230,000 hectáreas cultivadas en la región, un aumento con respecto a años anteriores.

 

Durante las últimas días tres miembros del Gabinete de Obama, el Secretario de Justicia Eric Holder, la Secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano y la Secretaria de Estado Hillary Clinton, viajaron a México para reforzar lo que parece se está transformando en una prioridad de la nueva Administración y se comprometieron a apoyar y reforzar la Iniciativa Mérida.

 

Esta iniciativa, llamada así a razón de que fue firmada por el Presidente de México Felipe Calderón, y el entonces presidente George Bush, aprobada por el Congreso en Julio del 2008, dispone 1.4 billones de dólares para un programa conjunto de tres años entre Estados Unidos, México y los países de Centroamérica y el Caribe, asumiendo el problema del tráfico de drogas como regional, cuya solución requiere de una estrategia conjunta de todos los países.

 

Varios analistas en Washington coinciden que el verdadero desafío reside en disminuir la demanda por las drogas ilícitas, siendo este un problema principalmente doméstico a Estados Unidos. Por ejemplo, el reciente reporte de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, presentada por sus principales miembros, los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, hace énfasis en que la lucha contra las drogas necesita “un cambio de paradigmas” en materia de políticas públicas; proponiendo la despenalización de la tenencia y consumo de marihuana y coincidiendo en que otro tipo de sustancias, como la cocaína y las drogas sintéticas, deben continuar siendo combatidas.

 

Según Naciones Unidas el tráfico ilegal de estupefacientes presenta un volumen anual de 320 billones de dólares. La solución para enfrentar ese flagelo no es clara ni para políticos ni para académicos. Lo que si resulta evidente, y así lo especificó la Hillary Clinton es su reciente viaje a México, es que “claramente las políticas que estuvimos implementando no han funcionado”, “nuestra insaciable demanda por estupefaciente ha alimentado el tráfico de drogas…”, y es ahí en el consumo donde reside el principal desafío que los países deben combatir.