. Sus miembros no coinciden ni siquiera sobre dónde deliberar y Evo Morales amenaza con radicalizarse.

Pese a amenazas de Evo Morales

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, aseguró hoy que el mandato de la Asamblea, que vence el 14 de diciembre, “teóricamente” puede ser ampliado por segunda vez, pero que sería necesario no solo un acuerdo político, “sino fundamentalmente una recuperación de la confianza ciudadana”, informó la agencia Efe.

“En las actuales condiciones, política y socialmente es bastante difícil pensar en una ampliación del plazo”, apuntó García Linera en una entrevista con la radio Fides.

Morales amenazó anoche con una reacción de sus partidarios campesinos e indígenas contra las “oligarquías minoritarias”, que, a su juicio, tienen “secuestrada” la Asamblea.

“Cuidado, cuidado, que el movimiento indígena reaccione. Eso tengo miedo y hago un pedido a la Asamblea para que concluya su trabajo y garantice y profundice la democracia”, advirtió el mandatario.

El martes, García Linera amenazó con “medidas radicales” contra la propiedad privada, ante el fracaso del foro, aunque ayer matizó que hablaba solo de los terratenientes.

Erick Fajardo, portavoz del prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, acusó hoy a Morales y García Linera de “empujar al país a la confrontación en las calles”, tras el fracaso de la Constituyente.

A su vez, el senador oficialista Antonio Peredo sostuvo que la derecha intenta “poner una trampa” y “provocar” al gobierno, para “que sea el MAS (Movimiento al Socialismo, partido del presidente Morales) el que inicie la guerra de las balas”.

“Vamos a atacarlos donde les duele: en sus bolsillos, pero ya no debemos caer en sus trampas”, afirmó Peredo, muy allegado a Morales, en una columna publicada hoy en el diario paceño La Prensa.

Morales prometió “refundar Bolivia” con la Constituyente y su fracaso lo obligará a repensar su plan de “revolución democrática”, al escoger entre revolución y democracia, según coinciden analistas políticos y diplomáticos acreditados en La Paz.

El Congreso ya amplió en agosto pasado el mandato inicial de la Asamblea, de un año, ya que los 255 constituyentes no habían logrado consensuar hasta entonces ni un solo artículo.

Pero la prórroga ha sido igualmente infructuosa.

La Constituyente está paralizada desde hace tres meses por las confrontaciones entre la oposición y el MAS, y por la disputa entre las ciudades de Sucre y La Paz sobre las sedes del gobierno y el parlamento, entre otros muchos problemas.

Dirigentes de la Asamblea aseguran que está concertado un 80 por ciento del nuevo texto constitucional, pero no está redactada ni una sola frase y quedan pendientes asuntos tan polémicos como las autonomías regionales e indígenas y la reelección presidencial indefinida.

La presidenta de la Asamblea, la oficialista Silvia Lazarte, convocó a una sesión plenaria para este viernes en Sucre, capital oficial pero no efectiva de Bolivia, pero es la enésima vez que hace lo mismo sin ningún resultado.

La plenaria de la Asamblea se reunió por última vez el 15 de agosto, cuando el MAS y los asambleístas de La Paz se aliaron para eliminar de la agenda de debates la demanda de Sucre de ser otra vez la sede del Gobierno y el Parlamento.

Sucre se convirtió hace 108 años Sucre en capital nominal, solo con el poder Judicial, cuando perdió una breve guerra contra La Paz, adonde fueron trasladados de facto el Legislativo y el Ejecutivo.

La plenaria de la Asamblea convocada para este viernes tiene como único punto de agenda “la definición del lugar” donde debe trabajar, ante el bloqueo de los sucrenses, cuyos líderes exigen que su reclamo sea debatido por los constituyentes.

Una opción alentada por el oficialismo consiste en trasladar las deliberaciones a la ciudad andina de Oruro, donde Morales tiene más apoyo, pero varias fuerzas opositoras se han declarado en contra.