El fracaso de las reformas “neo-liberales” en América Latina durante la década del ´90 se debe a la incapacidad de sus impulsores y defensores en reconocer la inexorable identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho.

Opinión: Pedro Isern
Un importante antecedente de esa incapacidad son los diez postulados
macroeconómicos desarrollados en 1989 en “El Consenso de Washington” por John
Williamson. Por el contrario, la identidad entre economía de mercado y Estado de
Derecho se comprueba en el proceso iniciado en Chile por la “Concertación
Democrática” en 1990. El éxito de esta reforma económico-institucional lo
llamaremos “Consenso de Chile”.

El objetivo de este artículo es mostrar
porqué un Consenso fracasó y el otro tuvo éxito, a través de una comparación que
explique las razones analíticas y prácticas que hacen que aquellos países que
fracasaron no hayan reparado en la experiencia chilena para comprender donde
residían los serios problemas de lo que popularmente se conoce como
“neo-liberalismo”. La tesis de este trabajo es que aquellos que implementaron y
apoyaron los programas de gobierno de Carlos Menem en Argentina (1989-1999),
Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1993), Alberto Fujimori en Perú
(1990-2001), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-1994) y, entre otros, Carlos
Salinas de Gortari en México (1988-1994) no repararon, ni podían hacerlo, en la
experiencia democrática chilena iniciada en 1990, ya que no han comprendido la
identidad analítica que hay entre economía de mercado y Estado de
Derecho.

Después de la Década Perdida, una Oportunidad Perdida.

El
final de la década del ´80 es rico en acontecimientos puntuales que hoy,
retrospectivamente, nos sirven para realizar comparaciones e intentar entender
que sucedió en los ´90. En 1988 la sociedad chilena acababa con la brutal
dictadura del general Pinochet. En 1989 el penúltimo experimento populista
argentino terminaba en hiperinflación y daba paso a una nueva forma de populismo
encarnada en la figura de Carlos Menem. En 1990 Patricio Aylwin asumía como
presidente con el desafío de consolidar y profundizar determinadas reformas
económicas. A su vez, en noviembre de 1989, en el Institute for International
Economics, John Williamson describía diez postulados macroeconómicos que, según
el autor, generaban un amplio consenso en Washington sobre su necesidad para que
los países emergentes, especialmente los latinoamericanos, puedan aspirar al
crecimiento sostenido.

Como mencionamos, el punto central de este trabajo
es sostener que el “Consenso de Chile” fáctico que nos muestra la realidad de
los ´90 no es sólo un mejoramiento cuantitativo comparado al teórico “Consenso
de Washington” sino, por el contrario, supone una diferencia cualitativa tal,
que nos enfrenta a dos arreglos económico-institucionales opuestos. Lo que nos
muestra la experiencia chilena desde 1990 en adelante es que para que la
economía de mercado sea sustentable y se profundice en el mediano y largo plazo,
debe estar vigente un Estado de Derecho que muestre una previsibilidad de
determinadas reglas que deben necesariamente respaldarse en la existencia de
consensos básicos entre los actores políticos relevantes.

Si aquellos
“reformadores” de los ´90 hubieran prestado una mínima atención a lo que sucedía
en Chile, habrían descubierto, a poco de andar, que la “Concertación
Democrática” encabezaba esa clase de proyecto, donde sanas medidas
macroeconómicas se hacían sustentables solo allí donde los actores políticos
relevantes (el gobierno y las principales fuerzas de la oposición) habían
construido un consenso sobre un conjunto de políticas que, una vez afianzadas,
serían las que sustentaran la consolidación de un Estado de Derecho. A partir de
allí, se generaría entre éste y la economía de mercado un círculo virtuoso que,
justamente, giraría en torno al respaldo que le daba a ese marco aquellos
consensos básicos y cruciales alcanzados por la racionalidad y moderación que
han demostrado, desde 1990 en adelante, los actores políticos relevantes en
Chile.

Mas allá de lo superficial y convencional que puede resultar la
enumeración de un conjunto de propuestas como el llamado “Consenso de
Washington”, lo importante aquí es destacar que dichos postulados expresaban y
expresan cabalmente una creencia generalizada en sectores influyentes, tanto en
Washington como en América Latina, sobre la posibilidad cierta de implementar en
un corto plazo políticas de mercado sin el respaldo (ético e institucional) de
un conjunto de reglas que consolidasen las reformas a través de la creciente
vigencia del Estado de Derecho.

En 2002 Dani Rodrik intentó enriquecer
los diez postulados de Williamson e incorporó otras diez condiciones, haciendo
hincapié en sus limitaciones institucionales. Sin embargo, este “Aumented
Washington Consensus” pone aún más en evidencia el real desinterés por estudiar
detenidamente la experiencia de la “Concertación Democrática” por parte de los
distintos analistas y policy-makers, ya que estos nuevos postulados han formado
parte del arreglo institucional chileno desde 1990.

Pedro Isern es
Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Este es un extracto del informe de CADAL que recomendamos leer completo en
el sitio http://www.cadal.org/