A pesar de la negativa del Gobierno de Hugo Chávez a permitir que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Venezuela, este organismo oirá las denuncias contra el Ejecutivo de Caracas. Varios organismos de Derechos Humanos del país presentarán sus informes a la CIDH, donde denunciarán la alta cifra de ejecuciones a manos de la Policía, la falta de independencia del Poder Judicial y la criminalización de la oposición.
Sólo hay 74 agentes encarcelados
En el marco del 137 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 2 de noviembre varias organizaciones informarán a los comisionados durante la audiencia privada que se celebrará sobre institucionalidad democrática, grupos parapoliciales y cárceles, según informa el caraqueño El Universal. Las asociaciones denunciantes son el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Espacio Público, Acción Solidaria y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.
Uno de los temas a que se denunciará será la cuestión de los “ajusticiamientos”. Las organizaciones que acuden a la CIDH consideran que en esta materia no ha habido avances y presentan las cifras ofrecidas por la propia Administración. Según los datos oficiales del Ministerio Público, durante los tres primeros meses del presente año 155 venezolanos murieron a manos de miembros de la Policía, mientras que en 2008 fueron más de 600. A pesar de la magnitud de estos números, 74 agentes están en prisión y tan sólo se condenó a 22.
Los denunciantes también expondrán a los miembros del CIDH la provisionalidad de los jueces y fiscales en Venezuela, así como el impacto negativo que esta tiene sobre la independencia del poder judicial. Además, explicarán el rechazo del Tribunal Supremo a acatar decisiones de instancias internacionales.
El mismo día dos las mismas organizaciones acudirán a una audiencia pública de la Comisión para denunciar los intentos por parte de Gobierno de Chávez de criminalizar las protestas en su contra. Provea ha alertado del incremento durante las últimas semanas de la intolerancia oficial frente a las manifestaciones. Según datos de esta organización, 2.240 venezolanos están siendo procesados por participar en este tipo de protestas. Por su parte, el Ejecutivo chavista expondrá su visión sobre la situación de las garantías fundamentales en el país en una audiencia que solicitó con tal fin.
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