El presidente de la República francesa, Jacques Chirac, se dirigió solemnemente por televisión a sus conciudadanos el lunes por la noche. Habló de una “crisis de sentido, una crisis de identidad” y de “un profundo malestar” de la sociedad y anunció una serie de iniciativas contra las discriminaciones, como el servicio civil voluntario.

Intenta aplacar la ola de violencia producto de una complejísima realidad social
La decimonovena noche de violencia dejó al menos 162 vehículos incendiados y 42 detenciones este martes de madrugada en Francia, donde Jacques Chirac anunció la creación de un servicio civil voluntario con el fin de integrar a jóvenes de origen inmigrante, que en el año 2007 alcanzará a 50.000 de ellos. Muy criticado por su aparente falta de implicación desde el comienzo de la ola de violencia urbana, el presidente de la República se dirigió solemnemente por televisión a sus conciudadanos el lunes por la noche. Habló de una “crisis de sentido, una crisis de identidad” y de “un profundo malestar” de la sociedad y anunció una serie de iniciativas contra las discriminaciones, como el servicio civil voluntario.

“Sean los que fueren sus orígenes”, los “niños de los barrios difíciles” son todos “hijas e hijos de la República”, declaró Chirac, quien también advirtió de que la justicia actuará con firmeza frente a los causantes de los disturbios y pidió a los padres de estos jóvenes que asuman su “responsabilidad”. Aunque remite la violencia sin parangón que ha sumido al país en una grave crisis, como era de prever, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que el Parlamento examinará martes y miércoles para prolongar el estado de emergencia instaurado el 8 de noviembre.

Como estipula una ley de 1955 que se remonta a la guerra de independencia de Argelia, al cabo de 12 días el gobierno ha de pedir autorización al Parlamento para prorrogar esa medida excepcional, lo que sin lugar a dudas conseguirá. El estado de emergencia permite a los gobernadores civiles (prefectos), entre otras cosas, instaurar el toque de queda, lo que ya hicieron en unas cuarenta zonas, y prohibir las reuniones públicas, una medida que aplicaron el pasado fin de semana en París y Lyon.

Por otra parte, la justicia francesa ha ordenado la puesta en libertad de un policía que se encontraba en detención provisional por supuestamente propinar golpes a un joven durante los disturbios. Todo ello al comenzar una semana en la que podrían concretarse las primeras expulsiones de extranjeros implicados en la violencia, como ha solicitado el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, avivando una polémica en el ámbito político y social.