En fin, parece que este Ejecutivo, con Rodríguez Zapatero al frente, se preocupa mucho de los cooperantes en el campo teórico pero bastante poco en la práctica como también pudimos constatar, en su día, en la elaboración y aprobación del propio Estatuto del Cooperante.

Gonzalo Robles Orozco
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados ha debatido estos días una Proposición No de ley del Grupo Parlamentario Popular que pretendía e, inexplicablemente el PSOE ha impedido que se pudiera llevar a cabo, que todos los cooperantes españoles pudieran ejercer el derecho a la exención del IRPF por trabajos realizados en el extranjero y que, además, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tomara las medidas necesarias para el ejercicio de esa exención entre 2002 y 2006.

El motivo de esta iniciativa del PP para mejorar la situación de nuestros cooperantes viene de lejos. La Ley del IRPF, en su redacción anterior al año 2000, quería evitar la doble imposición internacional de tal modo que los contribuyentes españoles, que trabajasen en el exterior y pagasen impuestos en otro país, estuviesen exentos en España. Pero en 2001, el Gobierno del Partido Popular, modificó esta Ley para cambiar esta doble tributación internacional por una exención real y para incluir al mundo de la cooperación entre los beneficiados.

Sin embargo y a pesar de esta modificación, ni la coordinadora de ONGs, ni la Agencia Española de Cooperación Internacional, ni la mayor parte de las entidades pagadoras fueron informadas sobre la aplicación de esta exención para sus trabajadores. Y, por otro lado, varias administraciones de la Agencia Tributaria desconocían cómo tramitar esta exención. Ante esta situación, muchos cooperantes no han podido disfrutar de la misma.

No podemos pasar por alto que el colectivo de los cooperantes se caracteriza por su dispersión geográfica, su falta de información y por su escaso acceso a los procedimientos y plazos administrativos. Esto supone que para ellos sea sumamente costoso el iniciar los trámites de devolución de lo que les corresponde por Ley. Además, es necesario recordar que se están desestimando muchas de las legítimas demandas de los cooperantes con argumentos equivocados (y a veces contradictorios), poniendo en entredicho la seguridad jurídica de estos contribuyentes ya que hay administraciones tributarias que han admitido este derecho y otras que no.

¿Conoce el Gobierno estos problemas fiscales de los cooperantes? La respuesta es sí. Los funcionarios de una Fundación pública, la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), hicieron ya en su día una consulta vinculante a la Agencia Tributaria que les dio la razón en abril de 2005. Si tenemos en cuenta que los patronos de dicha Fundación son, a su vez, responsables políticos del Gobierno socialista y que entre ellos se encuentra la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, podemos decir que nos encontramos con un panorama difícil de entender. Y por si fuera poco la Agencia Española de Cooperación lleva recibiendo, desde hace más de un año, decenas de reclamaciones de sus trabajadores demandando que se estudie esta situación.

Dado que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, conoce todo esto es el momento de preguntarse ¿qué está haciendo para solucionar estos problemas?. Aunque parezca increíble, no está haciendo nada. A día de hoy, el Ejecutivo socialista no ha dado ningún paso, ni respuesta en uno u otro sentido.

Pero las cosas no acaban aquí. Y es que el Gobierno ha pasado directamente del “ninguneo” a la “injusticia fiscal” con este colectivo. El 1 de Enero entró en vigor la nueva Ley del IRPF, Ley que limita este derecho a la exención para los cooperantes ya que exige el requisito de la existencia de un convenio de doble imposición, de los países donde se está trabajando, con España. Este requisito no supondrá un problema para trabajadores y cooperantes que desarrollen su actividad en Europa, Estados Unidos, Canadá o en algunos países de América Latina pero ¿qué pasará con los cooperantes que trabajen en áreas “tan ajenas” al mundo de la cooperación como África Subsahariana, Oriente Medio o Asía? ¿Es justo que un trabajador que desarrolla una actividad similar a la de otro trabajador reciba un trato distinto por el mero hecho de hacerla en uno u otro país?

Pues bien, la Proposición No de Ley del Grupo Popular debatida esta semana en el Congreso de los Diputados pretendía reparar todas estas irregularidades. Esto es, que la Administración Tributaria en todo el Estado atendiera diligentemente los casos de la devolución del IRPF que están solicitando los cooperantes, que el Ministerio de Hacienda aclare a todas las administraciones como proceder con todos estos casos dando las instrucciones adecuadas, y que la nueva Ley del IRPF que entró en vigor el 1 de Enero recupere su redacción anterior de tal modo que no perjudique innecesariamente a los cooperantes.

Parecía una iniciativa difícilmente rechazable y menos por un Gobierno que se “llena la boca” hablando de los cooperantes: “son los nombres propios de nuestra solidaridad”, “es hora de dignificar su trabajo”, “el Gobierno quiere mostrar su reconocimiento y admiración por ellos”… Éstas, son palabras pronunciadas por el Ministro de Asuntos Exteriores y por la Secretaria de Estado de Cooperación que al Partido Popular nos resultan hoy, después d este duro golpe a nuestros cooperantes, palabras vacías de contenido por no hablar de burdas mentiras. Porque la única verdad en estos momentos es que el PSOE ha votado en contra de una Proposición del PP que beneficiaba desde todo punto de vista a estos trabajadores.

Para defenderse el PSOE se escuda en el cumplimiento del Estatuto del Cooperante, pero este Estatuto no tiene nada que ver con la Proposición No de Ley de la que hablamos. En primer lugar, porque el Estatuto del Cooperante no tiene contenido tributario; en segundo lugar porque dicho Estatuto no puede modificar Leyes de rango superior y las leyes fiscales de la que hablamos lo son; en tercer lugar porque los militares, los trabajadores de empresas, los funcionarios españoles que hacen cooperación con la FIIAPP, todos ellos tienen la exención y no se les aplica el Estatuto del Cooperante; y en cuarto lugar porque vincular la exención al cumplimiento del Estatuto del cooperante, además de absurdo, puede dificultar todavía más que los cooperantes puedan acogerse a este derecho.

En fin, parece que este Ejecutivo, con Rodríguez Zapatero al frente, se preocupa mucho de los cooperantes en el campo teórico pero bastante poco en la práctica como también pudimos constatar, en su día, en la elaboración y aprobación del propio Estatuto del Cooperante. Esta aprobación, que era una promesa de la Secretaría de Estado de Cooperación, se hizo mal en la forma y peor en el fondo. Mal en la forma porque se aprobó por Real Decreto cuando se tenía que haber aprobado por Ley, al igual que se hace con todos los estatutos referidos a derechos colectivos; y peor en el fondo porque la Asociación Profesional de Cooperantes tan sólo fue consultada al final, porque a ninguno de los cooperantes en el terreno se le ha pedido opinión sobre las supuestas mejoras que se iban a poner en marcha y porque muchos de los cooperantes que trabajan en el terreno se van a quedar fuera de este Estatuto. En fin, penoso.

Gonzalo Robles Orozco
Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso.