Los seguidores de ´Orange is the new black´ y el resto de americanos deberían ejercer presión para poner fin a nuestras actuales estructuras que fomentan la sobrecriminalización y para que se lleve a cabo una reforma penal.

 Para la mayoría de los americanos, el programa de Netflix Orange is the New Black (Naranja es el nuevo negro) es lo más cerca que estarán alguna vez de una experiencia con el sistema de justicia penal.

Los americanos ven cómo los personajes de mujeres encarceladas son asesinadas, pasan hambre y pierden la razón por las condiciones de la prisión. Para muchos espectadores, el programa ofrece una espeluznante advertencia de la tremendamente perturbadora realidad de la masificación en las cárceles.

Entre 1980 y 2012, los índices de encarcelación se han duplicado en Estados Unidos y son ahora seis veces superiores a los de una nación típica perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estos elevados niveles de encarcelación conllevan un alto precio: de promedio en 2012, costó más de $29,000 anuales albergar a un interno en una prisión federal. En 2008, California gastó $47,102 por interno y año. Según el Proyecto Hamilton, “cada residente en Estados Unidos contribuyó con un promedio de $260 para gastos de los correccionales en 2010, lo que supone un marcado contraste con los $77 con los que cada residente contribuía en 1980”.

Pero no son sólo los espectadores de la mencionada serie los que se están empezando a sentir incómodos y moralmente afectados por el actual sistema de prisiones de Estados Unidos. Los americanos de ambos lados del espectro político (incluidos los del Congreso) están empezando a comprender que el gran incremento en el índice de encarcelación de Estados Unidos durante las tres últimas décadas es costoso no sólo en términos de gastos explícitos, sino también en términos de consecuencias sociales colaterales.

Una persona necesita capital social, humano y financiero para mejorar económicamente, por lo que la encarcelación es devastadora para aquellos que esperan alcanzar el Sueño Americano.

Si un estudiante es encarcelado, menguan de manera significativa las probabilidades de que se gradúe en la escuela secundaria: “Se estima que la encarcelación juvenil disminuye la probabilidad de graduarse en secundaria en 13 puntos porcentuales e incrementa la probabilidad de encarcelación en la edad adulta en un 22%”, informaba en 2013 un estudio del MIT. Otro estudio, realizado por Pew, halló que “el tiempo en prisión reduce el sueldo por horas de los hombres en aproximadamente un 11%, el empleo anual en 9 semanas y las ganancias anuales en un 40%”.

En cuanto al capital social (posiblemente el factor más importante para la movilidad económica), aquellos que han estado encarcelados también se ven perjudicados. Más del 50% de los padres y madres encarcelados eran las principales fuentes de ingresos para sus hijos. Los adultos jóvenes que son encarcelados pierden el tiempo cuando deberían estar adquiriendo habilidades, casándose y empezando a formar una familia, así como alcanzando otros hitos propios de la edad adulta.

Un grupo bipartito de senadores está tratando de abordar estas tendencias mediante la propuesta de Ley de Sentencias Más Inteligentes de 2014. El proyecto de ley, entre cuyos copatrocinadores se incluyen los senadores demócratas Dick Durbin de Illinois, Patrick Leahy de Vermont y los senadores republicanos Mike Lee de Utah, Ted Cruz de Texas y Rand Paul de Kentucky, tiene como objetivo reducir las penas mínimas obligatorias para las acusaciones federales por tráfico de drogas a pequeña escala y proporcionar a los jueces un mayor criterio en este campo penal.

Actualmente, la mayoría de los jueces no impone a los condenados por ciertos delitos penas menores a la de pasar un tiempo determinado en prisión. Y a menudo, estas sentencias se aplican con independencia de las circunstancias que rodearon el delito. La legislación también haría que la Ley de Sentencias Justas (FSA) de 2010 se aplicase de manera retroactiva, permitiendo que las cortes de distrito reduzcan las sentencias impuestas a los traficantes de crack de cocaína y condenados antes de la entrada en vigor de la FSA. Por último, este proyecto de ley centraría la atención de los limitados recursos federales de la nación en los delincuentes más importantes, especialmente en aquellos condenados por crímenes violentos. Los expertos de la Fundación Heritage Evan Bernick y Paul Larkin comentaron que la Ley de Sentencias Más Inteligentes “aborda quizás el aspecto más problemático de las penas mínimas obligatorias: su capacidad para imponer sentencias arbitrarias y exageradamente severas para delincuentes de bajo nivel relativo por tráfico de sustancias prohibidas”.

Este proyecto de ley incentiva a los gobiernos estatales y locales para que cambien sus propias estructuras penales y que incluso ofrezcan programas que proporcionen medios de integración a los internos puestos en libertad y reincorporados a la sociedad para que así disminuyan sus probabilidades de volver a prisión.

Es por tanto el momento de dejar de aceptar nuestro actual sistema de encarcelación como un statu quo. Los televidentes de Naranja es el nuevo negro y el resto de americanos deberían ejercer presión para poner fin a nuestras actuales estructuras que fomentan la sobrecriminalización y para que se lleve a cabo una reforma penal.

Publicado en Libertad.org