El Congreso de Colombia, aprobó un proyecto de ley que fija penas de entre cinco y ocho años de cárcel para paramilitares acusados de delitos atroces, los cuales serán tratados como delincuentes políticos.

Desde el 2003, más de 5000 paramilitares han depuesto las armas
A pesar de críticas y a lo complejo de las negociaciones, que se iniciaron formalmente a mediados del 2003, más de 5.000 combatientes de los grupos paramilitares han depuesto las armas.

Los críticos del proyecto opinan que el mismo no obliga a los paramilitares a confesar plenamente sus delitos ni a indemnizar a las familias de sus víctimas.

No obstante, el alto comisionado del gobierno para la paz, Luis Carlos Restrepo, respondió que hay un ajuste adecuado entre justicia y paz, que el proyecto establece la confesión espontánea y plena para recibir los beneficios, y que quienes omitan la verdad recibirán todo el peso de la ley.

Restrepo dijo que los miembros de grupos ilegales armados que hayan cometido delitos con anterioridad a la incorporación a los mismos no recibirán los beneficios jurídicos. La ley también prohíbe beneficiar a personas vinculadas al narcotráfico.

“Esperamos que este instrumento nos permita avanzar en la paz del país. Es la primera vez en la historia de Colombia y del mundo que adelantamos un proceso de paz con requerimientos tan altos de justicia”, expresó Restrepo.

Estados Unidos ha entregado a Colombia más de 3.000 millones de dólares en ayuda militar desde el año 2000 para combatir el narcotráfico, del que obtienen ingresos millonarios guerrilleros y paramilitares.

Puntos clave de la ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso

Con esta herramienta el Gobierno tiene la misión de lograr el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares.

La norma establece también los parámetros para la reparación de miles de víctimas que lo perdieron todo por el accionar de estos grupos en las últimas dos décadas.

La iniciativa, que fue presentada por primera vez en octubre de 2003, era conocida en ese momento como de “alternatividad penal” y representaba una apuesta del presidente Uribe de buscar una salida jurídica para los autores de delitos atroces que no podían ser beneficiados por la Ley 782, concebida solo para responsables de los delitos de rebelión, sedición y asonada.

Uribe, quien a través de emisarios había explorado el interés de las autodefensas, sabía que estas no teolerarían las penas del Código Penal, y por eso se comprometió a buscar castigos alternativos, al mismo tiempo que emprendía negociaciones de paz. Pero el proyecto desde el comienzo cayó muy mal en parte de la comunidad internacional y dentro de los críticos
domésticos de su administración. Durante el debate Uribe perdió a aliados importante como el ex presidente César Gaviria que se postula a presidente y los senadores Rafael Pardo y Andrés González, quienes llegaron a defender la norma.

Al final la ley fue modificada en algunos aspectos, recibió el apoyo de autoridades de Washington, pero la oposición se radicalizó y hasta llegó a acusar a Uribe de pretender réditos electorales con su aprobación.