En los asesinatos están implicados grupos ciudadanos con la anuencia del Gobierno
“Los índices de inseguridad han alcanzado en las últimas semanas un grado de terror sin precedentes, en especial por el aumento de hechos de violencia que se clasifican como prácticas de “limpieza social”, afirmó ante la prensa la activista Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack (FMM).

En declaraciones publicadas por la prensa local, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, señaló que el Ejecutivo tiene alguna información del funcionamiento de grupos clandestinos organizados por ciudadanos de zonas residenciales para protegerse.

Según la FMM, el ambiente de terror que vive Guatemala se debe a prácticas de “limpieza social” contra presuntos delincuentes y miembros de las temidas pandillas juveniles que operan en el país.

En los asesinatos están implicados grupos ciudadanos

En esas prácticas ilegales estarían implicados grupos de ciudadanos que por su cuenta eliminan a delincuentes comunes y pandilleros, rezaba un comunicado esa organización no gubernamental, defensora de los derechos humanos y promotora de políticas de seguridad democrática.

En lo que va de 2006 han sido asesinadas 536 personas, informó la Policía Nacional Civil (PNC), y según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se presume que el 56 por ciento de las víctimas eran pandilleros.

Las prácticas de “limpieza social” se estarían ejecutando con el consentimiento, complicidad, apoyo y encubrimiento de algunas estructuras estatales o agentes de las fuerzas de seguridad, advirtió la FMM, aunque también aclaró que no existe una política estatal destinada a violar los derechos humanos.

Un portavoz de la PNC aseguró que no existe “limpieza social” y explicó que los múltiples hechos de violencia se deben a ajustes de cuentas entre bandas y disputas entre la “Mara 18” y la “Mara Salvatrucha”, pandillas que, a juicio del procurador, son utilizadas como fuerzas de choque por el crimen organizado.

Ante la situación, el ministro de la Defensa, Francisco Bermúdez, anunció la posibilidad de contratar a 3.000 ex militares para que apoyen a la PNC en la seguridad ciudadana.