La conselleria de Bienestar Social, a través del Plan Valenciano de la Inmigración, destina 10,5 millones de euros a proyectos dirigidos a la inclusión social de las personas inmigrantes, así como a la protección de sus familias y de los menores.

La Comunidad Valenciana apuesta por una integración total a la sociedad
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, aseguró que el objetivo es
el de “garantizar la plena integración social y laboral de la población
extranjera en la Comunidad Valenciana por lo que este plan cuenta con doce
medidas distribuidas a lo largo de cuatro programas que “dan atención especial a
las mujeres y los menores inmigrantes”. De Miguel apuntó que algunas medidas ya
se pusieron en marcha durante 2004, como los 2,4 millones de euros a programas
de acogida y de atención a mujeres inmigrantes y menores, así como a programas
para colectivos con riesgo de marginación (inmigrantes o refugiados). Para 2005,
indicó que este plan cuenta una partida presupuestaria de más de 2,5 millones de
euros para distintas actuaciones en el ámbito social. Una de las medidas más
destacadas, puntualizó, es la concesión de subvenciones a corporaciones locales
y organizaciones sociales que gestionen programas y actividades dirigidas a este
colectivo, y especialmente a los menores.

Dentro del Área Social,
Familiar y del Menor, el plan valenciano de inmigración dedica un apartado al
colectivo infantil, con el fin de “atender a todos los menores extranjeros que
se encuentran en situación de desamparo en la Comunidad Valenciana”. De Miguel
recordó que en 2004 “el número de menores atendidos por el sistema de protección
de la Generalitat Valenciana ascendió a más de 1.000”.

La elaboración de
itinerarios individualizados de inserción laboral de los menores y el incremento
del número de plazas en centros de acogida son algunas de las principales
medidas que contiene el plan valenciano de la inmigración.

Además, para
la protección de la mujer inmigrante se incluyen medidas como ayuda psicológica
para las extranjeras víctimas de la violencia de género o de explotación sexual
y la reinserción sociolaboral de aquellas que ejercen la prostitución,
concluyeron las citadas fuentes.