Política

El proceso judicial por el matrimonio gay se cobra una víctima política en Buenos Aires

El caso de la boda entre dos hombres en Buenos Aires no sólo da pie a sentencias contradictorias en tribunales de diferentes instancias, también genera tensiones en el gobierno porteño.

Dimisión en la Procuración General

El procurador general adjunto de Buenos Aires, Carlos Guaia, intentó desde la Procuración que el gobierno local presentara un recurso contra la sentencia de una juez de primera instancia de lo Contencioso Administrativo ordenando al Registro Civil celebrar la que iba a ser la primera boda entre personas del mismo sexo en todo Latinoamérica. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo local, Mauricio Macri (del centro-derechista Compromiso por el Cambio) decidió no apelar el fallo judicial, lo que creó tensiones entre ambos que han culminado con la renuncia de Guaia.
 
El dimisionario era el “número dos” de la Procuración General bonaerense y presentó su renuncia este lunes por la mañana en una reunión con Macri, según informa el diario porteño Clarín. El caso del matrimonio entre Alex Freyre y José María di Bello sigue sin resolverse después de que la titular del juzgado nacional en lo Civil 85, Marta Gómez Alsina, dictara una sentencia en la que se ordena al Registro Civil argentino “suspender en forma provisoria la celebración del acto programado por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas”, hasta tanto “recaiga pronunciamiento firme en los presentes”.
 

En esta ocasión, el Gobierno de Macri sí anunció que presentará un recurso contra el fallo judicial. El Ejecutivo local explicó la semana pasada que, ante el conflicto planteado entre jueces de distintas jurisdicciones, se había instado al Procurador de la Ciudad, Pablo tonelli (el superior de Guaia) para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia “en defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia local”. La sentencia que impedía la boda reconocía a las autoridades locales el derecho a presentar un recurso en los 60 días posteriores a la publicación del fallo judicial. A los afectados les otorgaba un periodo de 15 días para eso mismo.

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