Política

El PSOE fuerza la constitucionalidad del Estatuto catalán proponiendo una enmienda generalizada

Los trazos de las enmiendas propuestas por el PSOE se extienden en más de 30 aspectos del Estatuto, incluidos los más sensibles. El Partido Popular ha acusado al gobierno de querer enmendar algo que fue gestado por el propio PSOE, y que ahora busca legitimar. “En lugar de estar con el rechazo de la inmensa mayoría, [Zapatero] se reserva la intimidad del sofá con el ERC”, apuntó Acebes.

El PP acusa al Gobierno de ignorar a la mayoría y de pactar por lo bajo con los nacionalistas
El dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto catalán, que fue avalada ayer por la Comisión Ejecutiva del PSOE, reconoce que en el texto hay artículos inconstitucionales, además de invasión de competencias estatales, proponiendo cambios en más de 30 puntos, en unos casos citando artículos concretos del Estatuto, y en otros cuestionado la filosofía que emana del proyecto aprobado por el Parlamento catalán.

El documento cuestiona bloques enteros como la financiación, “porque en el Estatuto no se puede regular completamente el sistema de financiación de una comunidad autónoma”; la relación bilateral de Cataluña con el Estado porque “contiene algunos mecanismos que resultan muy discutibles desde el punto de vista constitucional” o la unidad de mercado, porque “algunos de los preceptos de la Propuesta en materia económica sobrepasan los límites constitucionales que se derivan de este principio”.

El dictamen también ve problemas con la delimitación de competencias, porque “da lugar a colisiones con las estatales”, además de expresar dudas sobre la constitucionalidad sobre la transferencia de competencias a través del artículo 150.2. Asimismo, en el capítulo del poder judicial, aunque el Estatut “no crea un poder judicial autónomo diferenciado”, observa invasión de competencias.

El dictamen elude pronunciarse sobre si es compatible el artículo 2 de la Constitución con que Cataluña se defina como nación, argumentándolo en que ese término “tiene una dimensión teorética, que está condicionada de manera decisiva por el debate político, ideológico y cultural” y los autores del dictamen han limitado su análisis a una perspectiva estrictamente jurídico-constitucional.

“Se reserva la intimidad del sofá con el ERC y rechaza acuerdos con el PP”

El secretario general del PP ha criticado que, por primera vez, el PSOE se oponga a una campaña en defensa de la Constitución; un hecho que demuestra el giro radical de Rodríguez Zapatero, quien en lugar de “estar con el rechazo de la inmensa mayoría de los ciudadanos” a la reforma del Estatuto, “se reserva la intimidad del sofá” con el líder de ERC y rechaza acuerdos con el PP.

“Al PP no le ha invitado para hablar sobre la reforma del Estatuto. Lo ha hecho con Carod- Rovira. Se ha sentado en la escena del sofá este fin de semana y ahora lo que pretenden es que lo que hayan pactado, lo que le haya sacado Carod a Zapatero, como lleva haciendo durante toda esta Legislatura, nosotros digamos que nos parece muy bien”, ha apuntado.

Tras aludir a la campaña en defensa de la Constitución que el PP ha puesto en marcha, Acebes ha señalado que va a ser muy complicado que el Ejecutivo pueda justificar ante la opinión pública que aquellos que defienden la Carta Magna, el Pacto de la Transición y la participación de los ciudadanos en la reforma del modelo de convivencia sean “unos radicales”. “Sin embargo, quieren convencernos de que la moderación está en el lado de Carod, de los independentistas, de los separatistas y de los que pretenden, además sin engañar a nadie, la ruptura del acuerdo constitucional y la mayor separación en España”, ha apostillado.

CiU: “si tocan todo eso, se va a desfigurar”

Mientras tanto, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, advirte de que si “pretenden tocar todo eso, al final el Estatuto va a desfigurarse”. La postura de CiU se desmarca de las intenciones del gobierno y pone a las claras el fárrago en que puede finalizar el intento enmendador. Aún así, el debate sobre la constitucionalidad implica el acuerdo del PP, sin el que la iniciativa del gobierno nafuraga en debates con los sectores nacionalistas.

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