Pía Greene

Después del 11 de Septiembre de 2001, día en que aviones terroristas derribaron las Twin Towers de New York, ha existido un intenso debate respecto de las medidas de seguridad adoptadas tanto por USA como por otros países del mundo. El hecho no fue un simple atentado (como varios anteriores), sino que fue un cambio de paradigma: la seguridad interna, siempre delimitada a la delincuencia común, potestad exclusiva de las fuerzas de orden (carabineros e investigaciones), se entremezclaba con la seguridad externa, área de las Fuerzas Armadas y dedicada a resolver conflictos entre países.

 

El 11-S demostró que ya no era posible separar los dos conceptos. La primera potencia mundial vivía lo impensable hasta esa fecha: terroristas islámicos entraban a su casa a destruir uno de los principales símbolos de su supremacía mundial.

 

Desde aquel día el mundo cambió. La gente se siente más insegura y los países buscaron las mejores fórmulas para devolverle la confianza a la población. Se activaron controles, se le dieron más poderes al estado, se cambiaron legislaciones y se limitaron libertades para asegurarse que nunca más sucediera algo así.

 

Sin embargo, tiempo después, Madrid y Londres fueron víctimas de nuevos ataques que ningún tipo de regulación fue capaz de detener. La pregunta es la siguiente: ¿Se puede privilegiar la seguridad por sobre la libertad de las personas?

 

Parece sensato que los gobernantes estén preocupados por la seguridad interna de su país. Un control de aduana para pasar de un país a otro es una medida mínima que se puede tolerar. Pero, ¿controles a Internet? ¿Cierre de fronteras? ¿Grabaciones telefónicas? ¿Listados de nombres con todos los datos personales? Es cierto que esto podría evitar otra catástrofe, en el caso que las medidas estén específicamente dirigidas a personas sospechosas. Pero así, ¿quiénes determinan quiénes son sospechosos?

 

De regreso de un viaje Bruselas – Madrid, donde viajé con mi DNI español y mi visa Schengen, no sólo me revisaron la cartera, me hicieron sacarme el cinturón y el reloj y vaciar mis bolsillos, sino que además, después de haber pasado bajo el detector de metales, una mujer me hizo levantar los brazos y me revisó completamente. Me pareció un exceso.

 

El debate sigue en pie. Hace unos días, el suicidio de tres presos en la cárcel de Guantánamo (construida en el año 2001, post 11-S para los sospechosos detenidos del atentado) ha suscitado más de alguna polémica y súplica por su cierre. La razón argüida por los defensores de los derechos humanos es que las condiciones en que viven los presos están lejos de ser las adecuadas. Estamos frente a otro problema: ¿seguridad de muchos o derechos de pocos? Pocos que, según quienes los encarcelaron, son potenciales peligros para la sociedad.

 

Así, ¿cuál es la mejor forma para combatir a un enemigo que dejó de ser local para convertirse en global? En el año 2005, Javier Solana, aseguró que la manera más eficaz de luchar contra el terrorismo era la cooperación internacional. “El terrorismo es un fenómeno global internacional y para frenar esa batalla se necesita también la cooperación internacional en información, en intercambio de datos de inteligencia de unos países a otros”, dijo.

 

El debate planteado es si este intercambio de información o datos puede limitar la libertad de las personas al verse enfrentadas a una red de investigación mundial que podría eventualmente ser considerada como una violación a la vida privada.

 

Sin embargo, el terrorismo quebranta los valores básicos de las sociedades libres y actualmente es la amenaza más grave para la libertad y para la convivencia democrática. De esta manera, sin medidas de seguridad que logren frenar – y erradicar – las amenazas de este tiempo, es imposible garantizar la libertad de cada una de las personas y el modelo de libertad y de garantías jurídicas que se ha construido.

 

En este sentido, es imperativo que las autoridades no estén dispuestas a negociar con los grupos terroristas. A pesar que  Solana, aseguró que “todo el mundo tiene la obligación, si se dan las circunstancias”, de “intentar” negociar con grupos terroristas, lo cierto es que las posibilidades del éxito de las negociaciones no son totales. Además, se debe considerar que al negociar con grupos armados se les está dando legitimidad en el uso de la fuerza para conseguir sus objetivos y se incentiva a que otros potenciales grupos opten por eso para alcanzar un fin.

 

La discusión puede centrarse en varios puntos. Sin embargo, lo que se debe tener claro es el resultado al que se quiere llegar: consolidar la democracia, el estado de derecho y el desarrollo de la sociedad.

 

Es cierto que la democracia instaurada en occidente está lejos aún de ser el modelo ideal de representación. Basta de ver el caso de Chávez en Venezuela y el de Morales en Bolivia. Sin embargo, si se quiere avanzar hacia un mundo donde las libertades de las personas sean respetadas, sus derechos reconocidos y su seguridad garantizada, es imperativo que se erradique el terrorismo.

 

Pareciera que la mejor forma de llegar a eso es privilegiando la libertad, donde cada uno pueda actuar sin coacción de terceros (libertad negativa en palabras de Berlin), pero tal como dice Hayek, con responsabilidad. Así, el que rompe las normas, pagará el precio que le corresponde por haber roto el consenso del imperio de la ley. Si para llevar un control son necesarias algunas restricciones, bienvenidas, mientras el fin último sea garantizar las libertades y derechos fundamentales de las personas.

 

Todos somos libres. Sin embargo, no todos tenemos el privilegio de usar esa libertad, ya sea por haber abusado de ella en desmedro de otros o por no tener facultad para utilizarla. Así, no todos somos iguales y por lo tanto no se nos puede tratar como tales. Y no se nos pueden adjudicar los mismos derechos y deberes. En palabras de Rosseau, “no hay nada más desigual que tratar como iguales a los que no lo son”.