Piensa el gobierno español que “el nuevo modelo de Servicio Exterior debe integrar a todas las administraciones del Estado y personal de otros Ministerios”. La participación de las Comunidades Autónomas en la política exterior españala siempre ha sido polémica. La Constitución de 1978 establece la competencia exclusiva del ejecutivo central en esta materia.

La tensión territorial alcanza también a la política exterior española

El Consejo de Ministros ha estudiado ayer un Informe del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el proyecto de Reforma Integral del Servicio Exterior para adaptar, segun se dice, “la acción exterior del Estado a los nuevos retos y desafíos internacionales, ya que actualmente España no tiene el Servicio Exterior que sus nuevas y legítimas ambiciones en la escena internacional requieren”.

La reforma, asegura el gobierno español, persigue una mejor planificación y coordinación de la acción exterior española, en la que participan numerosos actores diferentes, así como la adecuación de los procedimientos y de la gestión administrativa.

El Gobierno dice que esta reforma, es “una necesidad inaplazable, dada la grave limitación que, en determinadas áreas,  sufre la representación de España en el extranjero”.

¿Más personal y recursos?.

El gobierno asegura que “para defender sus intereses en el exterior, España cuenta en muchos países de América, África y Asia con menos de un funcionario por millón de habitantes. Por otra parte, carece de un procedimiento normalizado y ágil para la contratación de personal en sus Embajadas y tiene un presupuesto de Servicio Exterior inferior al de la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Sólo tres de ellos están por debajo: Portugal, Grecia y República Checa”.

¿La política exterior ya no es competencia exclusiva del ejecutivo central?.

Piensa el gobierno español que “el nuevo modelo de Servicio Exterior debe integrar a todas las administraciones del Estado y personal de otros Ministerios”. La participación de las Comunidades Autónomas en la política exterior españala siempre ha sido polémica. La Constitución de 1978 establece la competencia exclusiva del ejecutivo central en esta materia. Según observadores a buen seguro que esta intención gubernamental, cuando se conozcan detalles, aportará ingredientes al complicado panorama político español.

Esta reforma quiere el gobierno sustanciarla “con una batería de medidas urgentes en materia de recursos humanos y gestión administrativa, así como la aprobación del Estatuto del Cooperante o la revitalización del Consejo de Política Exterior”. 

El gobierno ha anunciado igualmente que “durante el año 2006 se adoptará la Ley del Servicio Exterior para establecer un marco general, de contenido más político que estrictamente regulatorio”. Parece que el ejecutivo para desbloquear una Ley de gran complejidad ha optado por un texto conceptual y genérico, aparcando las decisiones que hasta ahora ha imposibilitado su promulgación.