Avalan el endurecimiento de la Ley del Menor con el voto en contra de cuatro vocales progresistas
El dictamen del Anteproyecto fue aprobado con el respaldo de 8 vocales de la mayoría conservadora, del presidente del Consejo, Francisco José Hernando, del vocal independiente Agustín Azparren, y de los vocales de la minoría progresista Luis Aguiar y María Angeles García, mientras que se abstuvieron Juan Carlos Campo y Javier Martínez Lázaro, también del grupo progresista.
Sin embargo, los vocales del mismo sector Félix Pantoja, Fernando Salinas, Montserrat Comas y Alfons López Tena, votaron en contra del informe, y suscribieron un voto particular, redactado por el primero, que critica el texto del Gobierno porque incide en el aumento de las penas y no en la resinserción social de los menores delincuentes.
Aumento de penas
El dictamen, del que ha sido ponente el vocal Adolfo Prego (que hoy no asistió al Pleno), respalda que la duración máxima de la medida de internamiento se eleve, en el caso de supuestos de extrema gravedad, de cinco a seis años en el caso de los menores que tengan 16 o 17 años de edad, y de dos a tres años para los menores de 14 o 15 años.
Para el Consejo, “la ampliación de los límites máximos de duración de las medidas no plantea ningún problema especial en cuanto a su validez constitucional, o su concordancia con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de tratamiento penal de los menores de edad”.
Esa valoración positiva se extiende también al aumento de cuatro a cinco años de la medida de internamiento máxima a imponer a menores de 14 y 15 años que hayan cometido delitos de terrorismo, homicidios, asesinatos o violaciones. El texto mantiene en ese sentido los 8 años de internamiento como pena máxima para los menores de 16 y 17 años.
El documento también suscribe que se pueda imponer la medida de alejamiento de los autores de acoso escolar respecto de sus víctimas, aunque ello conlleve la expulsión del colegio de los primeros mientras dure la medida. Para el Consejo, ello es un “mal menor”, y corresponderá a las entidades educativas asegurarse de que ese menor infractor reciba a su vez la formación que requiera.
El informe sugiere al Gobierno que fije el límite de duración del internamiento cuando el menor haya sido condenado por la comisión de dos o más delitos de homicidio, agresión sexual o de similar gravedad, ya que sólo establece como límite máximo los diez años en el supuesto de la comisión de varios delitos y cuando uno de ellos sea uno de esos delitos graves.
