Un importante funcionario estadounidense se quejó este domingo de que el opositor partido Sandinista de Nicaragua bloquea la destrucción de misiles antiaéreos, que Washington teme podrían ser vendidos a terroristas.

Sigue la presión contra Bolaños por supuestos delitos electorales
Rose Likins, principal funcionario de asuntos militares del Departamento de
Estado, descartó el principal argumento de ese partido, según el cual Nicaragua
no puede destruir las armas hasta que sus vecinos de América Central reduzcan su
poder armamentista.

“Tratar de describir esto en un contexto regional es
simplemente alterar el eje del tema. No hay una amenaza regional”, dijo Likins a
Reuters, agregando que ninguna otra nación de América Central tiene ese tipo de
misiles.

El gobierno de Nicaragua prometió a Estados Unidos que
destruirá sus reservas de más de mil misiles tierra-aire de fabricación
soviética. Este año introdujo legislación para llevar adelante esa tarea.


Los sandinistas usaron su posición de poder en el congreso para impedir
una votación sobre el plan del gobierno, pese a respaldar el programa del
ejército de Nicaragua, dijo Likins. Las armas quedaron en reserva desde la
guerra civil de la década de 1980. Antes del 2005, Nicaragua destruyó alrededor
de mil misiles, pero aún tiene 1.051.

Preocupación compartida por la
OEA

La funcionaria dijo que no descarta un segundo viaje
a Nicaragua este año después de que una visita en febrero ayudó a elevar el
perfil del problema. Estados Unidos teme que los misiles puedan ser usados para
derribar aviones comerciales, especialmente cuando se acercan al suelo.


Desde la década de 1970 ha habido más de 600 muertes por ataques desde
tierra contra aviones en todo el mundo, explicó la funcionaria.

Como
evidencia de la preocupación de Estados Unidos por el tema de los misiles,
Likins citó un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que
sostiene que la red Al Qaeda buscó comprar misiles en
Nicaragua. 

Citan a declarar a
Bolaños

Orlando Tardencilla, miembro de la comisión
legislativa que analiza el desafuero  del mandatario, dijo en declaraciones
publicadas por el diario La Prensa que la  cita para el mandatario es para
que se presente o envíe un representante a la
comisión el próximo viernes 8
de julio.

El proceso legislativo se basa en  una denuncia presentada
en el 2002 que sostiene que el mandatario y siete de sus  funcionarios
utilizaron bienes del Estado para su campaña electoral de 2001, que  al
final lo llevó a la presidencia.

Si la comisión encuentra méritos a
la  acusación, el pleno deberá votar y aprobar con 42 votos del desafuero.
Luego el expediente será enviado a la Corte Suprema de Justicia que someterá a
juicio al
mandatario. De ser encontrado culpable, automáticamente sería
destituido por la
Asamblea Nacional.