Las llamas comenzaron el viernes en la zona de la cumbre de Gran Canaria. Pese a los grandes operativos para detener el siniestro, el mismo se volvió más fuerte en las últimas horas.Se calcula que unas 2.000 personas han tenido que ser evacuadas del municipio turístico de Mogán mientras que 300 viviendas han sido arrasadas por las llamas.

2.000 personas evacuadas y 300 casas arrasadas
El incendio declarado el pasado viernes en la cumbre de Gran Canaria ha pasado a nivel 2. Por esto, el Gobierno de Canarias ha decidido evacuar el pueblo de Mogán, en el suroeste de la isla, como medida preventiva ya que, aunque el alcalde del municipio, Francisco González, opina que el núcleo de población está alejado de las llamas, podría verse afectado por culpa del viento.

Se calcula que unas 2.000 personas han tenido que ser evacuadas del municipio turístico de Mogán mientras que 30 viviendas han sido arrasadas por las llamas.

Según las últimas informaciones, el incendio presenta siete focos, incluido el de Morro de Santiago. Esta zona, entre los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, es la que se está viendo especialmente afectada por las llamas. Los equipos contra incendios están trabajando “a destajo” para controlar el incendio, hasta el punto de que “existe control” sobre el perímetro de unas 3.500 hectáreas, de las que 3.000 han sufrido ya las consecuencias directas de las llamas.

Por el momento, se desconoce el número de hectáreas de la Reserva de la Biosfera afectadas.

Un total de siete helicópteros y un hidroavión sobrevolaron la zona durante todo el domingo, hasta que la caída de la noche les obligó a retirarse, y un total de 200 efectivos -entre trabajadores de Medio Ambiente, Consorcio de Bomberos, Protección Civil, Ejército de Tierra, Policía Local y Guardia Civil- han sido movilizados para hacer frente al incendio.

No perder su trabajo

El presunto autor del incendio -que confesó ante la Guardia Civil los hechos- no era trabajador del Cabildo de Gran Canaria, sino de la empresa Gesplan.

Se trata de Juan Antonio Navarro Armas, vigilante forestal, de 37 años y vecino del municipio de Tejeda. El motivo: evitar el fin de su contrato. El juez ha decretado su ingreso en prisión. LA/DP