El recurso masivo a la videovigilancia y el refuerzo del control policial sobre las comunicaciones móviles y electrónicas son algunas de las medidas incluidas en el texto. Interior deberá abrir todos sus archivos a las fuerzas antiterroristas. Nicolás Sarkozy gana así una pulseada con organizaciones civiles opositoras a la norma. El 22 de noviembre será tratada por el Parlamento.

Permite el control bancario y el acceso de las fuerzas especiales a los archivos de Interior
Nicolas Sarkozy obtuvo ayer la luz verde del Consejo de Ministros a su controvertido proyecto de nueva ley antiterrorista, que refuerza los mecanismos preventivos y de control a disposición de los servicios policiales antiterroristas. La generalización de la videovigilancia en lugares públicos e instalaciones sensibles, el refuerzo del control de las comunicaciones por internet y telefonía móvil, y el endurecimiento de las penas por terrorismo forman parte del recetario del ministro del Interior para hacer frente a las nuevas amenazas del terrorismo internacional a la luz de las tragedias de Nueva York, Madrid y Londres.

El proyecto de ley, que será enviado por la vía de urgencia al parlamento para su discusión a partir del 22 de noviembre, ha recibido serios reparos de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (Cnil), cuyo dictamen -hecho público ayer- cuestiona la “pertinencia y proporcionalidad” de algunos mecanismos propuestos y el poder dado a la policía sin control judicial, y reclama que se adopten garantías suplementarias. También ha sido objeto de críticas por parte de la Unión Sindical de Magistrados, organización para quien la legislación actual -con la figura de la “asociación de malhechores con fines terroristas”, similar a la existente en la legislación española- ya dota de bastantes instrumentos legales a la policía para combatir el terrorismo.

Sarkozy reforzado por el dictamen del Consejo

Sarkozy, reforzado por el dictamen del Consejo de Estado -que no opone objeción alguna al proyecto de ley-, calificó el debate en torno al texto de “polémica estéril”. De todos modos, las disposiciones más sensibles de afectar a las libertades personales serán revisadas en un plazo de 3 años por el Parlamento. A continuación, se detallan las principales medidas de la nueva ley:

Videovigilancia: La ley permitirá instalar videocámaras en los alrededores de edificios de gran afluencia de público -bancos, centros comerciales, lugares de culto-, y de instalaciones “sensibles”. También autoriza la vigilancia automática de vehículos mediante cámaras, fotografiando las matrículas y a sus ocupantes, en las zonas consideradas “de riesgo”.

Comunicaciones: Los operadores de telecomunicaciones y todos los proveedores de servicios en este campo (por ejemplo, cibercafés) deberán conservar durante un año y facilitar a la policía -sin necesidad de requerimiento judicial- los datos técnicos de las conexiones por telefonía móvil y por internet.

Viajes: La policía podrá aumentar los controles de identidad en los trenes internacionales y tendrá asimismo mayor acceso a los datos de viajeros de las compañías aéreas, incluyendo la información contenida en la banda óptica de pasaportes y documentos de identidad.

Archivos: Los servicios antiterroristas podrán acceder asimismo, a partir de ahora, sin traba alguna a los ficheros y registros administrativos del Ministerio del Interior.

Penas: Se introduce la agravante de atentado terrorista contra las personas con el fin de matar. A partir de ahora, la pena máxima para los condenados por colaboración terrorista pasará de 10 a 20 años, y para los cabecillas, de 20 a 30.

Nacionalidad: Las autoridades tendrán un plazo más amplio -de hasta 15 años- para retirar la nacionalidad francesa a los naturalizados condenados por terrorismo, así como por actos que comporten “un atentado manifiesto contra los intereses fundamentales de la nación” o que “sean incompatibles con la condición de francés y perjudiciales para los intereses de Francia”.

Fondos Bancarios: El Ministerio de Economía podrá ordenar la congelación de fondos bancarios por sospecha de terrorismo.