La intifada quemó 10 coches y produjo daños por cientos de millones de euros
El pasado 8 de noviembre, el presidente Jacques Chirac y su Gobierno conservador dirigido por Dominique de Villepin decretaron el estado de emergencia en Francia como respuesta a los disturbios que comenzaron en París y que posteriormente se extendieron por otras ciudades del país.

Este decreto permitía, entre otras cosas, los toques de queda o los registros policiales sin control judicial. Para aprobar esta medida el Gobierno tuvo que desempolvar una ley de 1955, adoptada en los albores de la guerra de independencia de Argelia.

Los disturbios se extendieron a lo largo de tres semanas por los barrios conflictivos de muchas ciudades y pusieron en entredicho la efectividad de la política francesa de integración. Más de 10.000 vehículos fueron quemados por los violentos, al igual que decenas de edificios públicos y privados.

A petición del Gobierno, que temía un repunte de la violencia en las fiestas de fin de año, el Parlamento prorrogó el estado de emergencia por tres meses desde el pasado 21 de noviembre, cuando la revuelta ya había terminado.

Esa prórroga suscitó las fuertes críticas de la oposición de izquierdas y de las asociaciones de derechos humanos, que la consideraban inútil y “peligrosa”.

Este 4 de enero ya se ha hecho público el levantamiento oficial de todas estas medidas excepcionales.