El juez federal Charles Breyer bloqueó ayer un plan del gobierno del presidente George W. Bush para iniciar una campaña contra empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.

EEUU-Migración

La determinación del juez de distrito del norte de California impidió el inicio de un plan que pondría presión para el despido de casi 9 millones de trabajadores como parte de una campaña contra la migración indocumentada, luego de que el Senado estadounidense fracasó en acordar una reforma migratoria.

La demanda contra la campaña fue interpuesta por grupos como la coalición sindical AFL-CIO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que expresaron preocupación por los efectos que una campaña de ese tipo podría tener sobre empresas y trabajadores.

“No hay duda de que los efectos de la instrumentación de esa regla serían severos”, indicó Breyer en su decisión, en la que hizo referencia también a la posibilidad de “daños irreparables para trabajadores y empleadores inocentes”. Según el reglamento, las autoridades debían comenzar a enviar cartas a unas 140 mil empresas, advirtiéndoles sobre la necesidad de verificar la autenticidad de los números de Seguro Social presentados por sus empleados.

La iniciativa del gobierno contempla un plazo de 90 días para que las empresas corrijan cualquier error o discrepancia en los documentos, periodo tras el cual tendrían que despedir a los empleados con documentos falsos, o afrontar multas y hasta penas de cárcel.

Muchas empresas se quejan de que la determinación del gobierno federal las pondría en una difícil situación, sobre todo en cuanto a la verificación de documentos, basados mayormente en la Seguridad Social que, de acuerdo con los demandantes y el juez, tiene tantos errores que posibilitaría la discriminación contra miles de trabajadores.

“La propuesta del gobierno de diseminar cartas sobre incongruencias en datos respecto a más de 8,7 millones de trabajadores en un límite de tiempo (90 días) resultaría en el despido de trabajadores legalmente empleados”, apuntó el juez.