Los supuestos jefes del aparato militar de la banda terrorista ETA detenidos en 2002, en Francia, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, son juzgados en París junto a otros cuatro presuntos etarras.

Están procesados por asociación de malhechores con fines terroristas
El juicio en el Tribunal Correccional de la capital francesa se abrirá por la tarde y está previsto que se prolongue hasta el próximo día 18, a razón de tres audiencias semanales.

Junto a Olarra Guridi y Múgica Goñi, se sentarán en el banquillo Oscar Celaraín Ortiz y Andoni Otegi Eraso, presuntos integrantes del “comando Argala”, implicado en la campaña de atentados terroristas contra intereses turísticos españoles en el verano de 2002, entre ellos el perpetrado con un coche-bomba en Santa Pola (Alicante) y en el que murieron dos personas, entre ellas un niño de seis años.

Los franceses Saroia Gallaraga y Bruno Josie, supuestos miembros del aparato de logística de la banda terrorista en Francia, completan la lista de acusados en este juicio.

Detenidos en 2002

Olarra, Múgica y Gallaraga fueron detenidos el 16 de septiembre de 2002 en Talence (suroeste), después de que el propietario de un estudio de esa localidad del extrarradio de Burdeos comunicase a la policía sus sospechas sobre el perfil delictivo de sus inquilinos.

Josie, que había alquilado ese estudio bajo falsa identidad, fue detenido al día siguiente en el apartamento que compartía con Gallaraga en Saint-Peé-sur-Nivelle, en el País Vasco francés.

Por las declaraciones de Josie, tres días más tarde fueron detenidos Celaraín y Otegi en un piso de Bagneres-de-Luchon (sur), que también había alquilado él a petición de Olarra y Múgica.

Los cuatro están procesados, entre otros cargos, por asociación de malhechores con fines terroristas, por lo que pueden ser condenados a un máximo de 10 años de cárcel.

En virtud de la amplia documentación incautada a raíz de los arrestos, la acusación tiene la certeza de que Olarra y Múgica dirigían conjuntamente el aparato militar de ETA desde, al menos, dos años antes de su detención.