El presidente argentino ofreció a su par español que Aguas de Barcelona se haga cargo de la provisiòn del servicio.

Editorial
El clima de inversión hostil que padecen las empresas privatizadas en Argentina se ha cobrado una nueva víctima: la empresa controlante de Aguas Argentinas, la firma francesa Suez, confirmó ayer su decisión de retirarse de aquel país luego de no llegar a un acuerdo sobre el reajuste de las tarifas. Cabe recordar que Argentina congeló las tarifas en 2002, después de una fuerte devaluación y en medio de una profunda crisis económica, para evitar un mayor impacto en el bolsillo de la población.

Junto con el grupo europeo Suez, en Aguas Argentinas conviven otras empresas, entre ellas, Aguas de Barcelona (con 25% de las acciones) con cual Rodríguez Zapatero está patrocinando un acuerdo con Néstor Kirchner para que se quede como única operadora de la empresa privatizada.

Kirchner, cuyo talante progresista se apoya en el agravio para quienes no piensan o actúan como él, aseguró que la medida no ahuyentará a otros posibles inversores. “Si Suez se quiere ir que se vaya”, dijo el mandatario argentino con prepotente acento.

La alternativa que Kirchner le sugirió a Zapatero cuando se vieron en un hotel en Nueva York la semana pasada es que si Aguas de Barcelona (que a su vez también es controlada por Suez) se desprendiese de la firma francesa para emprender otra actividad en Argentina, podría transformarse en la operadora de Aguas Argentinas. El gobierno argentino ha contactado a tres bancos nacionales y un gran inversor norteamericano que estarían interesados en participar de la empresa. El Estado nacional aportaría un dos por ciento de capital para tener presencia y el Estado español pondría otro tanto, mientras que Aguas de Barcelona sería la operadora.

El poder político implica una responsabilidad y patrocinar una operación económica teñida de clientelismo es una acto de irresponsabilidad por parte de Zapatero. ¿Qué futuro le aguardan a los capitales españoles es un país donde no existe seguridad jurídica para invertir? ¿No fue suficiente con la experiencia de Telefónica que tuvo que recurrir a los tribunales norteamericanos ante el riesgo que implicaba para sus accionistas el ciclotímico humor de los políticos argentinos?

Volver a los tiempos del capitalismo de Estado, donde se premia a los empresarios amigos y se castiga a quienes no lo son, no beneficia ni a España ni a Argentina. España ha crecido con instituciones sanas, fuertes y respetadas, con previsibilidad tributaria, control de la evasión fiscal, crédito a largo plazo y vocación emprendedora. Zapatero, pactando negociados riesgosos para los capitales españoles, le está dando la espalda a la seguridad jurídica en beneficio de sus componendas ideológicas con el Eje chavista de América Latina.

Los capitales españoles no deben caer en la trampa que les tiende Zapatero. Por el contrario, deben establecerse en países que brinden un clima de negocios amigable y óptimo. No es el caso de Argentina, a quien el Banco Mundial planteó ayer serias dudas sobre la solidez que exhibe su economía en los últimos años, a tal punto que anticipó que el país podría afrontar una nueva y profunda crisis si se siguen postergando las reformas políticas y sociales que considera necesarias para lograr un crecimiento más equitativo.