Las expresiones espontáneas de libertad es lo que más preocupa al régimen chino. Las manifestaciones de protesta sólo podrán realizarse en parques públicos que han escogido las autoridades por su lejanía con las instalaciones olímpicas de unos Juegos que comenzarán en menos de quince días.

A dos semanas de los Juegos
El director de seguridad del Comité Organizador de los Juegos, Liu Shaowu, ha advertido que invitarán “a los manifestantes a que realicen sus protestas en los lugares establecidos” previo consentimiento de la policía.

Por otro lado, para evitar las posibles manifestaciones contra el gobierno del país anfitrión retransmitirán los Juegos con 10 segundos de retraso para censurar las posibles expresiones contra el régimen que escenifiquen los activistas delante de las cámaras.

Todos los extranjeros y chinos que tengan su residencia fuera de Pekín, recibirán la visita de las fuerzas de seguridad para controlar sus intenciones y movimiento. Por otro lado, las autoridades han cerrado muchos bares y han endurecido los derechos de admisión de otros tantos para que las personas que consideran “conflictivas”, como los mongoles y los negros, encuentren grandes dificultades para tomarse una copa.

El gobierno chino teme que haya reacciones dentro de su territorio a la brutal represión de los monjes tibetanos, al apoyo del dictador zimbabueño Robert Mugabe cuando quería pasar por las armas a los miembros de la oposición democrática, a las detenciones de casi 30 activistas de derechos humanos en los últimos siete meses por defender las libertades en china y al acoso de 80 corresponsales extranjeros que se sienten amenazados por la censura de las instituciones.

Pekín ha invertido más de 26.252 millones de euros en infraestructuras y en la organización de unos Juegos Olímpicos, los más caros de la historia, que intentarán escenificar su condición de superpotencia mundial.