Se entiende que el líder tory llegara a la elecciones de 2010 con un proyecto de cambio bajo el brazo. Tras un dominio laborista de 13 años y la crisis económica enseñando los dientes, David Cameron no podía limitarse a enmendar la plana a un desgastado Gordon Brown. Había que inspirar y dar ánimos con un plan de futuro.

Y también es comprensible que la difusa visión de entonces de la “gran sociedad” se fuera concretando con el tiempo.

Tras formar gobierno con los liberal-demócratas de Nick Clegg, Cameron empezó a traducir su proyecto en políticas concretas. Cada una de ellas era presentada ante la opinión pública como parte de un todo –la “gran sociedad”–, y lo cierto es que la visión de conjunto era coherente.

En el fondo latía la idea de que, durante la etapa laborista, el Estado había crecido demasiado. De ahí que la reacción del nuevo gobierno fuera devolver el poder a los ciudadanos y a las comunidades locales (familias, asociaciones de padres, clubs deportivos, organizaciones benéficas, Iglesias, ONG…).

A la reforma del sistema educativo, que buscaba incentivar la variedad de escuelas y la libertad de elección, siguió la reforma sanitaria. Ésta pretendía, entre otras cosas, abrir la provisión de servicios de la sanidad pública (NHS) al sector privado.

Después vinieron otras iniciativas más originales en el ámbito político, como las consultas vía web y otros mecanismos de participación política que permiten al ciudadano de a pie opinar y proponer cambios ante cualquier proyecto de ley que lance el gobierno.

Aunque el valor de estas herramientas parece puramente simbólico, en el proyecto de Cameron las opiniones de los ciudadanos cuentan. Al menos, es lo que se desprende de su visión original de la “gran sociedad”. Entonces la responsabilidad cívica –que los ciudadanos participen con iniciativa en la vida pública– era el nervio de su propuesta.

La responsabilidad cívica, revulsivo social

“La principal tarea que afronta ahora el gobierno es limpiar el vergonzoso déficit presupuestario. Éste es nuestro deber. Pero, ¿cuál es mi misión? ¿Con qué estoy realmente apasionado?”, se preguntaba Cameron en el discurso considerado por la Oficina del Primer Ministro como el más emblemático sobre la “gran sociedad”.

“Creo que necesitamos recomponer la sociedad porque, como he dicho muchas veces en el pasado, hay demasiadas piezas rotas: ya sean familias y comunidades rotas; ya sean los niveles de delincuencia o los de pertenencia a bandas criminales; ya se trate de problemas como la dependencia de los subsidios o la sensación de que algunos de nuestros servicios públicos no funcionan…, necesitamos una renovación para arreglar la sociedad rota. La ‘gran sociedad’ tiene que ver con todo esto”.

En febrero de 2011, la responsabilidad cívica ocupaba un lugar central en la propuesta de Cameron. “Necesitamos que la gente actúe con más responsabilidad. Porque si coges cualquier problema de este país y piensas: ‘¿Qué puede hacer el gobierno para resolverlo?’, siempre te estarás quedando con la mitad de la respuesta”.

Cameron estaba hablando de favorecer la participación ciudadana en cuestiones sociales, antes que políticas o económicas. La idea es que los ciudadanos tomen la iniciativa para mejorar su calidad de vida y la de sus vecinos en diversos ámbitos: asociarse para abrir un colegio; organizar actividades culturales, deportivas o culturales; favorecer las relaciones de servicios mutuos; promover el cierre de un bar conflictivo…

Del “gancho” de la responsabilidad cívica, Cameron colgaba en ese discurso otros tres principios. Primero, acercar el poder a los gobiernos locales y, por tanto, a los ciudadanos. Segundo, abrir los servicios públicos a un régimen de competencia. Y tercero, incentivar la actividad social de las comunidades locales que se dedican al voluntariado, la asistencia benéfica o la filantropía.

El líder tory parecía dispuesto a llevar a la práctica lo que algunos exponentes de la tercera vía como Amitai Etzioni, Robert Bellah o Michael Walzer sólo habían podido defender en sus libros: que en las sociedades democráticas teníamos un superávit de Estado y de sector privado (el mercado), y que debíamos corregirlo impulsando el protagonismo de las comunidades.

Ahora, la competencia se presume

Una semana después, Cameron retomó el discurso sobre la “gran sociedad” desde las páginas del Daily Telegraph (20-02-2011). Lo hizo para anunciar la publicación inminente de un Libro Blanco dirigido a modernizar el sector público británico. Desde entonces y hasta ahora, la reforma de los servicios públicos acaparó la atención de la “gran sociedad”.

Como se ha sabido después, la publicación de este Libro Blanco estaba prevista para ese mes de febrero pero el enfrentamiento con los sindicatos hizo que se retrasara hasta julio de 2011.

En esas fechas, Cameron decretó la muerte del monopolio del Estado. Quería que las empresas privadas se hicieran cargo también de la provisión de los servicios públicos (salvo la seguridad nacional y la justicia).

Y para eso creó una nueva presunción: en adelante, dijo, “en vez de tener que justificar por qué tiene sentido introducir la competencia en algunos servicios públicos –como estamos haciendo ya con la educación y la sanidad–, el Estado tendrá que justificar por qué siempre tiene que operar en régimen de monopolio”.

También fue muy sonada la recomendación de crear por ley un “derecho a elegir” lo que más convenga a los ciudadanos –y siempre que sea razonablemente posible– en ámbitos como la educación, la sanidad, la atención social o la vivienda. Lo que incluye la creación de la figura de un ombudsman con poderes para hacer valer la elección personal en los servicios públicos.

Ahora ese Libro Blanco queda actualizado por el Open Public Services White Paper 2012, publicado a finales del pasado mes de marzo. Sorprende que, tras casi dos años de gobierno conservador, este documento presente como medidas estrella proyectos que todavía tardarán en concretarse.

Allí se habla, por ejemplo, de poner en marcha una comisión independiente para estudiar cómo extender las libertades de los más desfavorecidos de la sociedad; de buscar el modo de concretar en leyes el “derecho a elegir” del que hablaba el Libro Blanco de 2011; o de considerar cómo hacer más flexibles los procedimientos de toma de decisiones de las asambleas de vecinos. Proyectos de futuro valiosísimos que, en algún momento, habría que ir pensando en concretar.

Más atractivo parece el plan piloto que empezará este mes de abril en Londres, Nottingham y Manchester de permitir que los ciudadanos puedan acudir al médico de familia del lugar donde trabajan, sin necesidad de desplazarse al de su domicilio. Esto, en un día de trabajo normal, ahorraría bastante tiempo.

También es interesante la idea de las academias, escuelas financiadas por el Estado, que permanecen dentro del sector público pero son gestionadas con autonomía por entidades no estatales. El laborista Tony Blair ya probó de este bocado y, lejos de envenenarse, su experiencia es que en enseñanza lo mejor es dejar espacio a las iniciativas que funcionan

Escuchar a los ciudadanos es gratis

En el desarrollo de la “gran sociedad” han perdido peso los principios inspiradores (la responsabilidad cívica, el protagonismo de los ciudadanos y las comunidades locales, el fortalecimiento de los vínculos familiares…), así como las prácticas que los articulaban.

En cambio, Cameron se decanta ahora por la fontanería tecnócrata y toma la bandera de reformar los servicios públicos. Los discursos con que envuelve sus iniciativas siguen encajando en la filosofía de la “gran sociedad” (la diversidad –explica– no es una amenaza, sino una garantía de mejores servicios públicos para todos). Pero existe el riesgo de que las palabras bonitas pierdan credibilidad.

En este sentido, habrá que ver qué hace Cameron con su propuesta de legalizar el matrimonio gay en el Reino Unido. Si tanto valor concede a la opinión de la gente, ¿echará marcha atrás cuando vea el rechazo social que está encontrando su empeño por transformar una institución que no pertenece al gobierno?

El 24 de marzo de 2012 (justo cuando el gobierno británico se disponía a abrir el plazo para la consulta vía web sobre la propuesta de legalizar el matrimonio gay), la Coalition 4 Marriage había reunido 300.200 firmas en contra de redefinir la institución matrimonial en el Reino Unido. Los organizadores se encargaron de recordar al gobierno que, desde las elecciones de 2010, ninguna otra plataforma cívica en el Reino Unido, había logrado movilizar a tanta gente para cualquier otra causa.

Entre tanto, otros grupos cívicos como la British Humanist Association o el Lesbian and Gay Christian Movement montaron una contracampaña para apoyar la propuesta de Cameron. Cuando la Coalition 4 Marriage presentó sus 300.200 firmas, aquellos habían reunido 33.400.

Si a la pasión modernizadora de Cameron siempre se le puede disculpar que estamos en tiempos de crisis económica –en el pasado año, el gobierno de coalición sólo pudo abrir 24 academias de las 1.500 que hay en el país, la mayoría de la anterior etapa conservadora–, la exigencia de escuchar a los ciudadanos británicos no cuesta dinero y parece coherente con el nervio original de la “gran sociedad”.