La retórica europea sobre ayuda a los países pobres no corresponde a sus actos. Hasta el tanto la UE condicione la apertura de sus mercados a la implementación de agendas contraproducentes al crecimiento económico, los países de América Latina seguirán viendo en Estados Unidos un socio comercial en quién confiar, y a la Unión Europea como un compañero que da la espalda cuando más se necesita.

Juan Carlos Hidalgo

Estados Unidos es hoy en día el país al que muchos aman odiar. Adonde quiera
que vaya el presidente Bush es saludado con protestas multitudinarias. No
sorprende entonces que la mayor parte de los intelectuales de Latinoamérica
prefieran ver hacia Europa en busca de un aliado en el mundo. Sin embargo hay un
problema: cuando se trata de ayudar a los países del área, Europa nos ha dado la
espalda, y Estados Unidos nos ha tendido una mano.

Claro, la Unión Europea aparece en los libros como el mayor donante de ayuda
externa hacia Latinoamérica, como manifestó en una entrevista el comisario
comercial europeo, Pascal Lamy. No obstante, así como lo demuestran decenas de
estudios sobre la materia, el desarrollo económico de los países pobres no
depende de la asistencia externa, sino del libre comercio. Y es en ese apartado
en donde la Unión Europea se ha negado a ayudar a los países del área.

Cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de más comercio entre
países ricos y pobres. Diversos estudios indican que los habitantes en los
países con mayor apertura económica disfrutan de mejores estándares de vida. Por
ejemplo, el Índice de Libertad Económica publicado por el canadiense
Fraser Institute, muestra que el PIB per cápita en el quintil de las naciones
con el comercio más restringido era de únicamente $1.883 en el 2002. Por su
parte, los países en el quintil con mayor libre comercio gozaban ese mismo año
con un PIB per cápita de $23.938.

Lamentablemente el proteccionismo europeo cierra las puertas al desarrollo
económico de los países menos desarrollados. Según la Conferencia sobre Comercio
y Desarrollo de las Naciones Unidas, el proteccionismo de la UE priva a los
países en desarrollo de aproximadamente $700.000 millones en ingresos por
concepto de exportaciones cada año. Eso es casi 14 veces lo que los países
pobres reciben anualmente en ayuda externa.

La pronta expiración del Sistema General de Preferencias, el cual permite que
una amplia variedad de productos del área ingrese al mercado europeo con
aranceles muy bajos o nulos, presupone una nueva negociación de tales ventajas
que no le saldrá barata a los países latinoamericanos. La UE está condicionando
la apertura de sus mercados a que los países pobres acepten regulaciones
laborales y ambientales que son perjudiciales para la competitividad y el
crecimiento económico, como lo son el Protocolo de Cartagena sobre alimentos
modificados genéticamente, y un raudal de convenios de la Organización
Internacional de Trabajo.

La aplicación misma del SGP ha sido irregular. En el caso de Costa Rica los
beneficios comerciales a ciertos productos agrícolas fueron suspendidos en el
2003 por un plazo de aproximadamente 7 meses, lo cual ha afectado a empresas
exportadoras que generan 45.000 empleos directos.

Los problemas no acaban ahí. Actualmente existe un nuevo conflicto sobre la
intención de la UE de imponer a partir del 2006 un arancel a las importaciones
de banano provenientes de Latinoamérica de hasta 230 euros por tonelada de
fruta, lo cual sacaría del mercado a la mayoría de productores de la región. ¿De
qué valen los convenios laborales de la OIT cuando los trabajadores
latinoamericanos no encuentran trabajo debido al proteccionismo europeo?

La respuesta lógica ante esta incertidumbre comercial es la búsqueda de un
tratado que asegure los beneficios que actualmente tienen los países de la
región. Sin embargo, en el caso de Centroamérica, la negociación de un acuerdo
comercial enfrenta aún más condicionantes por parte de los europeos.

Entre las condiciones detalladas por Lamy se encuentra la de fortalecer las
instituciones de integración como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Desdichadamente la UE parece obstinada
en querer reproducir su modelo de parlamento y corte regionales en países pobres
que no pueden costear burocracias ineficientes y sin ningún propósito claro.

El caso del PARLACEN es el más patético del proceso integrador
centroamericano. Sus 120 diputados cuentan con salarios de $5.000 mensuales, no
obstante este órgano carece de funciones, sus decisiones no son vinculantes para
los países miembros y se ha convertido en refugio de políticos corruptos que
buscan la inmunidad que les brinda una diputación regional, como ha sido el caso
de los ex presidentes Arnoldo Alemán de Nicaragua y Alfonso Portillo de
Guatemala.

Afortunadamente, Estados Unidos ha negociado sin mayores condiciones tratados
de libre comercio con México, Chile, Centroamérica y República Dominicana,
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. La puesta en vigencia de tales acuerdos
promete dinamizar las economías de esos países y mejorar la calidad de vida de
millones de latinoamericanos a partir de un aumento en los flujos comerciales y
de inversión.

La retórica europea sobre ayuda a los países pobres no corresponde a sus
actos. Hasta el tanto la UE condicione la apertura de sus mercados a la
implementación de agendas contraproducentes al crecimiento económico, los países
de América Latina seguirán viendo en Estados Unidos un socio comercial en quién
confiar, y a la Unión Europea como un compañero que da la espalda cuando más se
necesita.