Política

La negociación de Zapatero sobre los fondos de la UE costará a España 1.600.000 empleos

El acuerdo del pasado mes de diciembre en Bruselas sobre el reparto de los fondos europeos durante el período 2007-2013 ha supuesto una reducción del 89,5% del saldo neto para España en comparación con el período 2000-2006, negociado por el entonces presidente Aznar en Berlín. El saldo neto pasa de cerca de 48.000 millones de euros a cerca de 5.000 millones de euros para todo el período.

Según el análisis de Faes
En términos de PIB, Extremadura, Castilla-León, Murcia, Canarias, Asturias y Galicia son las autonomías que más pierden (entre el 8,5% y el 14% del PIB).

Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia sufrirán un descenso de puestos de trabajo de entre 180.000 y 270.000 empleos por comunidad.

Cada trabajador español perderá alrededor de 9.000 euros de media entre los años 2007 y 2013.

El acuerdo del pasado mes de diciembre en Bruselas sobre el reparto de los fondos europeos durante el período 2007-2013 ha supuesto una reducción del 89,5% del saldo neto para España en comparación con el período 2000-2006, negociado por el entonces presidente Aznar en Berlín. El saldo neto pasa de cerca de 48.000 millones de euros a cerca de 5.000 millones de euros para todo el período.

La Fundación FAES ha venido analizando los efectos de este acuerdo para España. A principios de enero de 2006 se publicaba un número monográfico de Papeles FAES (disponible en www.fundacionfaes.org) elaborado por Álvaro Nadal, que detallaba el alcance del acuerdo sobre Perspectivas Financieras negociado por el Presidente Rodríguez Zapatero.

Un conjunto de catedráticos y profesores titulares de Universidad independientes, expertos en análisis de los efectos económicos de los presupuestos nacionales y los comunitarios, liderado por Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Rafael Flores de Frutos, catedrático de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, con la ayuda de José Félix Sanz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Santiago Rubio, profesor de la Universidad de Oviedo, elaboró durante los meses de diciembre y enero un estudio económico extraordinariamente riguroso que ha evaluado los efectos económicos de las nuevas perspectivas financieras sobre las Comunidades Autónomas españolas.

La Fundación FAES tuvo conocimiento hace dos semanas de la existencia de este estudio y, dado su notorio interés general, su rigor académico y su encaje con la línea de trabajos de la Fundación en el ámbito económico y financiero, tanto nacional como europeo, acordó publicar este trabajo. La presentación pública se efectúa en Sevilla.

El estudio se centra en la pérdida de recepción de fondos, que se eleva a 30.000 millones de euros. No se tienen en cuenta otros efectos perjudiciales para España, como la mayor aportación al Presupuesto comunitario, que se eleva en otros 13.000 millones de euros.

El estudio evalúa los efectos económicos de la pérdida de fondos comunitarios centrándose en cuatro variables:
– pérdida de PIB;
– pérdida de empleo;
– pérdida de capital público (menos infraestructuras), y;
– pérdida de capital privado (menos inversiones empresariales y particulares).

La idea de partida es relativamente sencilla: los fondos europeos permiten subvencionar en una cuantía muy importante la realización de obras de infraestructura (carreteras, autovías, AVE, desaladoras, etc.). Estas infraestructuras producen un incremento del PIB, un incremento del empleo y un incremento paralelo de las inversiones privadas.

A su vez, el crecimiento del PIB y el empleo genera más recaudación, que permite financiar nuevas infraestructuras, que a su vez generan más PIB, más empleo, etc. En términos técnicos, el PIB, el empleo y las infraestructuras se “retroalimentan”, y generan además mayores inversiones privadas en paralelo.

El modelo parte de los datos conocidos sobre recortes de fondos europeos.

A través de los correspondientes modelos econométricos, usados en otros estudios anteriores, ampliamente conocidos en la profesión económica y utilizados con carácter general en los estudios académicos más serios sobre los efectos económicos de las infraestructuras, analizan el efecto de las menores inversiones en infraestructuras sobre las variables citadas.

Los datos que más destacan son los siguientes, para el conjunto de España:

– España dejará de crear 1.600.000 empleos.
– Teniendo en cuenta los efectos multiplicadores de la inversión y teniendo en cuenta que los valores se acumulan a lo largo de los años, cada empleado español, en media, perderá renta por más de 9.000 euros en el período.

El estudio incluye datos detallados de todos los efectos de pérdida de PIB, pérdidas de empleo, pérdidas de infraestructuras y pérdidas de capital privado (inversiones privadas) en las 17 Comunidades Autónomas. Para ello, se tienen en cuenta los datos sobre pérdida de fondos de cada una de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la especificidad de cada una (acceso a Fondos de Objetivo 1, salida de ese objetivo, aprovechamiento de Fondos de Cohesión, etc…)

Todas las CC.AA. pierden, aunque se ven afectadas en distinto grado.

En términos de renta, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia pierden en su conjunto nada menos que 12.800 millones de euros de PIB.

En términos relativos, es decir, en proporción de su PIB, las más perjudicadas son Extremadura (que perdería más de un 14% de su PIB), Castilla-León (más del 11% de su PIB), Murcia (pierde el 9,4% de su PIB), Asturias (9% menos de PIB), Canarias (8,9% del PIB) y Galicia (-8,5%).

En términos de empleo, las más perjudicadas son Andalucía (pierde 270.000 empleos), Cataluña (268.000 empleos perdidos); Madrid (228.000 empleos perdidos); y Valencia (181.000 empleos perdidos).

Galicia pierde 92.000, Canarias 87.000 empleos, País Vasco 82.000 empleos perdidos; Castilla-León 73.000; Castilla-La Mancha 62.000 empleos perdidos; Murcia, 46.000 empleos menos; Aragón, 36.000 empleos perdidos; Baleares, 34.000; Extremadura, 33.000 empleos; Asturias, 30.000; Navarra, 21.000; Cantabria, 17.500 empleos; La Rioja, 9.000 empleos perdidos.

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