Los tres comités antiterroristas de la ONU pidieron hoy una mayor cooperación internacional para mejorar sus políticas de actuación, entre ellas fortalecer el régimen de sanciones.

Exige medidas de control para impedir que las armas caigan en manos de terroristas
En una rueda de prensa, los presidentes de los tres comités establecidos por el
Consejo de Seguridad, que aúnan sus esfuerzos para luchar contra el terrorismo,
examinaron los avances logrados en los últimos meses y expusieron sus próximas
líneas de trabajo.

Una de las prioridades del Comité Contra el Terrorismo
(CTC), según manifestó la embajadora de Dinamarca, Ellen Magrethe Loj, que
preside el organismo, es promover el apoyo internacional y dedicar más atención
a las áreas en donde las actividades terroristas están más
arraigadas.

Para ello, destacó la necesidad de una mayor cooperación
entre los comités y organismos regionales para que asistan a los Estados
miembros que tienen voluntad política, pero son incapaces de adoptar las medidas
estipuladas en la resolución 1373.

El CTC se creó por esta resolución
aprobada por el Consejo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU,
y establece las obligaciones legales y directas que tienen que aplicar los
Gobiernos para combatir el terrorismo.

La diplomática danesa se mostró
satisfecha de que, después de un retraso considerable, el Directorio Ejecutivo
Contra el Terrorismo de la ONU (CTED), que se creó en marzo de 2004, haya
empezado a funcionar plenamente.

Este directorio, que actúa como brazo
ejecutivo del CTC, está dirigido por el español Javier Rupérez, quien ya ha
iniciado una serie de visitas a Marruecos, Kenia y Albania, y actualmente se
encuentra en Tailandia.

Por su parte, el embajador de Argentina, Cesar
Mayoral, cuyo país preside el comité 1267, está convencido que se llegará a un
consenso en el Consejo de Seguridad para aprobar un proyecto de resolución, que
elaboran los expertos, para reforzar las sanciones contra los talibanes y Al
Qaeda.

Este comité, creado en 1999, fue el primero que se estableció en
la ONU en la esfera de la lucha contra el terrorismo de los talibanes y Al
Qaida, e impone sanciones como congelación de activos financiaros, prohibición
de viajar y embargo de armas a los individuos y grupos incluidos en una lista
consolidada.