La estabilidad institucional y el orden económico han encaminado al país hacia una instancia de normalidad, infrecuente en toda la región

Editorial
Observadores y editores periódicos de la realidad política y económica de América Latina constatarán en este último tiempo que no hay novedades impactantes con respecto a Chile.Que su situación política no produce grandes sobresaltos ni llama a una reflexión más profunda que la enteramente cotidiana. Comparado con sus vecinos más próximos –Perú, Bolivia, Argentina e incluso Venezuela- el acontecer
sociopolítico chileno transcurre bajo una cierta normalidad. Lo que algunos
analistas denominan “meseta de las vías del desarrollo”. Aún en la fundamental
reforma constitucional que está encarando -y que termina de modelar su sistema
democrático- este rasgo permanece inalterado.

¿En que podríamos fundar
esta ausencia de fenómenos política o socialmente llamativos? ¿A qué puede
atribuirse esta referencia a la normalidad que planteamos en este editorial y
que parece marcar el signo político chileno? Pues sin lugar a dudas, a la
estabilidad institucional adquirida en los últimos dos decenios y al incipiente
-y por momentos consolidado- crecimiento económico con visión exterior.

Chile ha superado con éxito dos fenómenos difíciles para cualquier democracia de la región: la transición política (ya sea de un régimen militar a uno plural o de alternancia interna en el sistema político) y el desarrollo económico. El desempeño satisfactorio de las instituciones chilenas
confluye con un crecimiento sostenido del producto, con una apertura eficiente
en la búsqueda de nuevos mercados y con la edificación de un sistema económico/financiero de marcada autonomía. Esta composición de lugar confirmaría
la tesis de –entre otros- Fareed Zakaría quien sostiene que un elemento
fundamental para el sostenimiento de la democracia es la obtención de ciertos
estándares de bienestar desde el punto de vista material.

Contrariamente,
los procesos registrados en países cercanos, Argentina por ejemplo, reflejan una realidad opuesta. Sus vaivenes institucionales fueron de la mano de severas crisis económicas que profundizaron la desconfianza y el escepticismo en el
sistema político en su conjunto. Los últimos informes de Naciones Unidas sobre
el estado de la democracia no dejan de advertir que la proliferación de la
pobreza constituye el factor desencadenante de las crisis políticas en la
región. El caso de Bolivia puede perfectamente inscribirse en este contexto de situación.

El balance analítico conduce a una aproximación hacia la
temática del desarrollo. El caso chileno revela que la edificación de sociedades
sólidamente constituidas (de mercados integrados) no depende de un solo factor
sino de la confluencia de prácticas políticas y económicas que depositen en el
ciudadano toda la iniciativa posible. Aquello que Ortega y Gasset denominaba
“nueva política”. El éxito de esta política será evaluada por el grado de
autonomía que la propia sociedad experimente en la gestación de riquezas, y en una distribución proporcional del producto gestado. Casualmente, los principios que Ludwig Erhard pregonaba para la reconstrucción de la economía alemana de
posguerra.