En sus conclusiones finales, la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia “la acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa”. Todos estos fenómenos son, según la SIP “claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático”.

 

“Los más altos funcionarios de varios gobiernos actúan como si la libertad de expresión y la independencia del poder judicial impidieran las indispensables transformaciones para erradicar la miseria”, denuncia el organismo defensor de la libertad de expresión. El documento final de la Asamblea General alerta además de que: “Estos regímenes han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para guerras con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales”. “Por lo tanto”, sostiene la SIP, “no es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada desde Venezuela por el presidente Hugo Chávez, quien propició una ley de “delitos mediáticos” que luego fue propuesta por la Fiscalía General. También ese gobierno ha cerrado 34 emisoras en este período”.

 

Las conclusiones denuncian legislaciones como “la nueva Ley de Servicios Audiovisuales promovida por el gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes; el Proyecto de Ley de Comunicación que discute la Asamblea Nacional en Ecuador y sus réplicas como una propuesta ley de medios en El Salvador“. Alertan también de nuevas normas legales “que buscan el control de contenidos” propuestas o que “están siendo discutidas en los Parlamentos de Colombia, Chile y Uruguay, mientras que Brasil está organizando una conferencia nacional sobre medios que podrá derivar en la creación de medidas de control de la prensa”. La SIP también señala que “lejos de cesar las prácticas discriminatorias en el otorgamiento de la publicidad oficial, varios gobiernos como los de Argentina, Aruba y Antillas Holandesas, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, siguen utilizándola como instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas”.