En la tarde del miércoles 16 de septiembre un fuerte terremoto de 8.4 en la escala de Richter, con epicentro en Chile, se hizo sentir en gran parte de Argentina. Sin embargo, este no fue el único sacudón del día.

Casi al mismo tiempo en que ocurría el fenómeno natural, el Frente para la Victoria temblaba por otros motivos.

En horas de la tarde, la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán, por pedido del candidato opositor José Cano, declaró la nulidad de los fraudulentos comicios que daban por ganador al kirchnerista Juan Manzur, y ordenó al Poder Ejecutivo Provincial que convoque a nuevas elecciones.

El fallo tiene un fuerte efecto negativo en el kirchnerismo a nivel nacional, ya que tanto Daniel Scioli como Cristina F. de Kirchner insistían en que la oposición reconozca al “gobernador electo”, en desacato a una orden del mismo tribunal de no proclamar ganadores, y a pesar de que cada día aparecían más prueban que alimentaban la idea del fraude.

Está en la lógica kirchnerista justificar los medios con el fin perseguido y creer que las elecciones “democráticas”, por más que no hayan sido transparentes, legitiman cualquier accionar, fundándose en la falsa premisa de que fue manifestación de la voluntad popular.

Siguiendo la tradición caudillista y conspiracionista de los gobiernos de izquierda, el kirchnerismo salió con tapones de punta a atacar la decisión del tribunal. El jefe de gabinete de ministros de la Nación, Aníbal Fernández, declaró que en Tucumán se estaba llevando a cabo un golpe de Estado judicial y acusó a los magistrados de atentar contra la democracia. En igual sintonía, el apoderado del Frente para la Victoria en Tucumán, Marcelo Caponio, dijo que iban a ir tras los camaristas que dictaron esta sentencia, Norberto Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, y “seguir hasta las últimas consecuencias contra estos dos jueces, ya sea con denuncias penales o juicio político para su destitución” y amenazó con intervenir la provincia, ignorando que no están dadas las condiciones que establece el artículo 6 de la Constitución Nacional.

Por otro lado, las amenazas no se hicieron esperar y así fue que el edificio de Tribunales tucumano amaneció con pintadas y carteles conteniendo amenazas de muerte dirigidas a los magistrados, así como acusaciones de traición.

Con un mínimo de educación cívica, uno llega a la conclusión que cuando en una República el Poder Judicial falla en contra de algún otro Poder del Estado, no está atentando contra las instituciones, sino cumpliendo con su deber constitucional de actuar de manera independiente y custodiar la Constitución y que es un principio básico republicano la división de poderes.

Dicho esto y lo anterior, cabe preguntarse, ¿Quién está atentando contra el Estado? ¿Quienes anularon unos comicios viciados de fraude o quienes de forma intimidante arremetieron contra los magistrados y presionaron a la oposición para que reconozcan un triunfo que todavía no ocurrió? ¿Será la antesala de lo que ocurrirá en Octubre?

Franco Mirolo es miembro del Centro de Estudios LIBRE.