El pincipal grupo mediático argentino, opuesto al gobierno, tendrá que dividirse en aplicación de la ley impulsada por el kirchnerismo. También los gobiernos de Ecuador y Venezuela aprietan a la prensa

El fallo de la Justicia argentina contra el grupo Clarín, de abierta oposición con la administración de Cristina Fernández, supone un nuevo capítulo de tensiones entre medios de comunicación y gobiernos, como ha sucedido últimamente también en Ecuador y Venezuela. El veredicto judicial obliga al poderoso conglomerado mediático de Argentina a desinvertir, dividir su patrimonio y desprenderse de decenas de radios y televisiones.

La ley que disolverá el consorcio había sido aprobada y promulgada en diciembre de 2009, pero Clarín interpuso una serie de recursos que la dejaron en suspenso hasta el pasado 29 de octubre, día en que la Corte Suprema de Justicia la declaró constitucional. El grupo mediático, uno de los más grandes de la región, tiene hasta mediados de noviembre para confirmar cómo se realizará la división y el inventario de propiedades que se adjudicarán por concurso a nuevos licenciatarios.

El gobierno argentino gana el pulso a “Clarín”
En estos cuatro años, el gobierno y Clarín se enfrascaron en una guerra sin cuartel, donde el grupo utilizó su plataforma para criticar abiertamente a la presidenta Cristina Fernández y su entorno, y donde estos no dejaron pasar oportunidad –actos públicos, inauguraciones y viajes– para machacar que “Clarin miente”. La fricción entre ambas partes comenzó cuando surgió el largo conflicto entre el kirchnerismo y el campo en 2008; en parte, la ley de medios nacida un año después fue fruto de esa rotura de relaciones.

En 2009 también sucedió que el Congreso argentino, sustentado por la administración kirchnerista, instauró un delito de calumnias e injurias a las autoridades, que puede ser castigado hasta con prisión. Esto se entendió como una medida antiprensa, al igual que la creciente disposición del gobierno de conceder publicidad oficial solo a los medios amigos.

Así, se ahondaron la divisiones entre los medios opuestos al oficialismo, y también a nivel social y político. Para el gobierno, la nueva ley resultó ser “la madre de todas las batallas”, según uno de los principales impulsores, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Con ella, la administración de Cristina Fernández pretende frenar la concentración de medios y dar más espacio en radios y canales de televisión a universidades, grupos étnicos y ONG, sobre todo en el interior del país.

Clarín cuenta con 158 licencias de televisión por suscripción, cuatro canales de televisión abierta y siete radios AM y FM. La ley de medios restringe la posesión de licencias de señales abiertas a un máximo de 10, en radio y televisión, y prohíbe que una empresa tenga licencias de televisión abierta y de cable en un mismo lugar. El 4 de noviembre, el grupo Clarín anunció que se adecuará voluntariamente a la ley y que está dispuesto a dividir sus licencias entre seis unidades de negocios. Pero aclaró que toma esta medida para evitar cualquier apropiación por parte del gobierno y avisó que continuará litigando, incluso en tribunales internacionales.

El fallo judicial provocó reacciones a nivel regional, tanto a favor como en contra. Algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), elogiaron la ley convalidada al decir que “democratiza” los medios. En contraste, la Sociedad Interamericana de Prensa criticó la decisión porque “habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción”.

De acuerdo al kirchnerismo, los medios como Clarín son “desestabilizadores” y antidemocráticos, capaces aun de provocar un golpe de Estado. Son vistos como amigos de los poderosos y cercanos a los grandes grupos económicos que presionan para lograr sus objetivos, contrarios al pueblo. Esta es la idea que tienen de ellos también los gobiernos de Ecuador y Venezuela.

Ecuador: de un monopolio a otro
En el Ecuador que dirige el presidente Rafael Correa, se sancionó en junio pasado la ley de Comunicación que redistribuye las licencias de radio y televisión. Con la misma idea argentina de democratizar los medios de comunicación, hubo una reducción de licencias para los privados a un 33%, y se otorgó el 34% a los medios comunitarios y el 33% a los públicos. El director de los estudios de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, José Laso, dijo a la agencia France Presse que esta ley “corre el gran riesgo de pasar de un monopolio privado (que de alguna manera se estaba transformando en eso) a un monopolio público”.

Esta legislación creó la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control”, y tendrá “capacidad de sanción” sobre los medios. Habrá además un Consejo de Regulación que será controlado por el gobierno.

Correa, que asumió su cargo en 2007, siempre ha tenido una relación tirante con la prensa, a la que ha tildado de “corrupta”. El conflicto alcanzó el campo judicial con demandas contra medios y periodistas, entre ellas la que entabló Correa contra el diario El Universo.

Venezuela: acoso a la prensa independiente
En Venezuela, en tanto, lo de tirante queda muy corto para calificar las relaciones entre la prensa y el gobierno, de plena confrontación desde los tiempos de Hugo Chávez.

Los mecanismos de presión subsisten para con los medios opositores o aquellos que osan dar espacio al líder opositor, Henrique Capriles. El gobierno chavista de Nicolás Maduro logró en mayo pasado que se pusiera en venta el canal de noticias Globovisión, último bastión opositor que daba amplia cobertura a los actos de Capriles. Los nuevos dueños ya dieron un giro editorial y han dejado de pasar en vivo las intervenciones del opositor.

El pasado 31 de octubre, diversas organizaciones venezolanas defensoras de la libertad de expresión expusieron ante la CIDH que se registraron 71 casos de censura a periodistas y medios de comunicación en el país bolivariano en lo que va del año, un 87% más que en 2012. Estos grupos han manifestado que prosiguen las medidas judiciales contra los medios, la “impunidad contra los atentados a la libertad de expresión” y la escasez de papel para imprimir periódicos.