África, Política

Los errores del faraón Mursi

El presidente Mursi se esforzó para que todo el mundo creyera que el objetivo de la revolución era la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Los que creyeron esos discursos en Washington y Bruselas ignoraron parámetros idiosincrásicos elementales del mundo árabe.


Era cuestión de tiempo que la realidad mostrara lo que vendría en la era post-Mubarak. No resultaba difícil percibir las derivaciones de la primavera egipcia. No puedo decir que Mursi me haya sorprendido o decepcionado, todo era muy previsible.
 
El presidente adoptó iguales prácticas de regímenes anteriores. El fraude de la revolución avanzó contra toda lógica política infringiendo acuerdos con otros países árabes. El nuevo régimen jugó en favor de los mulás iraníes violando acuerdos vigentes entre Egipto y la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo.

El único logro de la revolución parece ser la sustitución de un faraón por otro. Nada sustancial ha cambiado, excepto los juicios y arrestos de varios ministros y oficiales del antiguo régimen. El gran fracaso político de Mursi fue su obstinación en defender el artículo dos de la Constitución, cuyo texto, implícitamente, legaliza la discriminación. El artículo indica, textualmente: «El Islam es la religión del Estado; el árabe es su lengua oficial y los principios de la sharia islámica son la fuente principal de la legislación de la República». Así, el Gobierno se negó a nombrar cristianos y mujeres en el Comité Judicial designado para la reforma constitucional y ello disparó las movilizaciones y los choques que se registran ahora entre partidarios del Gobierno y opositores.

Un estado moderno no requiere la protección y supremacía de ninguna creencia religiosa en sus leyes. Sus instituciones deben asumir la protección de derechos y libertad de culto de los ciudadanos por igual.

Ello no se ve reflejado en la Constitución que desean Mursi y los islamistas. Hasta que eso ocurra, si ocurre, los derechos de todos los egipcios deberían ser protegidos sin discriminación. El artículo dos de la Constitución debería ser inmediatamente abolido. A falta de que esto suceda, deberían dejar de hablar de revolución.


Artículo publicado originalmente en La Razón.es

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