Además de dificultades financieras y logísticas, el voto de los mexicanos en el extranjero implica supeditar un segmento estratégico de nuestro proceso electoral a condiciones que será incapaz de regular. Con la reforma que los diputados aprobaron el miércoles pasado se echa por la borda muchos logros del pasado.

Reforma electoral que puede acarrear problemas
Además de dificultades financieras y logísticas, el voto de los mexicanos en el
extranjero implica supeditar un segmento estratégico de nuestro proceso
electoral a condiciones que el IFE será incapaz de regular. Con la reforma que
los diputados aprobaron anteayer se echa por la borda (alegremente, lo que es
peor) buena parte de las garantías para el voto que nuestro país logró
establecer en los años anteriores.

Una de las claves de esas
salvaguardas ha sido la supervisión, en ocasiones exagerada pero a final de
cuentas eficaz, de cada uno de los pasos del proceso electoral. Desde la
expedición de las credenciales para votar hasta la selección de candidatos, la
obtención de dinero, la jornada electoral y la publicación de resultados, el
Código Federal Electoral le confiere al IFE detalladas atribuciones de
regulación y sanción. Gracias a ello hemos logrado que, sin lugar a dudas, los
votos en las elecciones federales cuenten y sean escrupulosamente contados.


Esa meticulosidad quedará en riesgo con la apertura de los comicios al
sufragio de los mexicanos que radican en el extranjero. Las facultades que la
autoridad electoral tiene para organizar y sancionar los comicios, no existirán
cuando haya campañas y urnas mexicanas en otras naciones.

Los diputados,
con gran ligereza, aprobaron reformas legales que le dejan al Instituto Federal
Electoral el paquete de resolver en qué ciudades y países podrán votar nuestros
compatriotas en las elecciones presidenciales de 2006. Esa autoridad deberá
credencializar, instalar módulos, informar de tales derechos a los mexicanos en
el extranjero y levantar la lista de votantes.

Los módulos deben estar
funcionando dentro de solamente cuatro meses, en junio próximo. Como si le
faltaran problemas, la autoridad electoral ahora tiene que resolver problemas
prácticos y organizativos que no había previsto enfrentar. Todo ello, a menos
que en la Cámara de Senadores se manifieste la cordura que no han tenido sus
colegisladores y la aprobación de esta iniciativa esté supeditada a una
reflexión más serena.

Más allá de su organización, el problema central
con esa modalidad para nuestras elecciones radicará en la imposibilidad para que
las campañas en otros países —muy especialmente en Estados Unidos— sean
supervisadas con las reglas que existen para el proselitismo electoral dentro
del territorio mexicano.

El artículo 186 del Código Electoral, que se
refiere a la difusión de las campañas políticas en radio y televisión, sería
adicionado al establecer que: “para el caso del extranjero, los partidos
políticos no podrán contratar espacio en radio y televisión de propiedad
extranjera, pudiéndolo hacer únicamente en radio y televisión nacional y sus
repetidoras, tanto en territorio nacional como en el extranjero”.

No
sabemos si la ignorancia fue mayor que el candor —o al revés— en la redacción y
aprobación de ese artículo por parte de los diputados. Los partidos no
necesitarían contratar directamente la publicidad que aparecería en
radiodifusoras y televisoras estadunidenses. Bastaría que un grupo de
simpatizantes, mexicanos o no, creara un comité de adhesión a la campaña de
cualquiera de los candidatos presidenciales para que la supervisión del IFE
quedase flagrantemente burlada.

Los autores de la iniciativa no saben
que las empresas de radiodifusión mexicanas no tienen, formalmente, repetidoras
en el extranjero. Están aliadas con emisoras de Estados Unidos que reproducen
parte de su programación, pero con criterios corporativos y publicitarios que no
son necesariamente los que determinan el funcionamiento de esas empresas en
México.

Aunque tienen oportunidad de ver y escuchar medios mexicanos,
nuestros compatriotas en Estados Unidos atienden, fundamentalmente, a los medios
hispanos que hay en ese país. Se estima que el 92% de las familias hispanas ve
la cadena Univisión y el 85% la cadena Telemundo. Alrededor del 65% del mercado
hispano en ese país está compuesto por televidentes de origen mexicano. Una
investigación sobre consumo mediático realizada hace pocos meses por la Fourth
Partner Foundation en la ciudad de Tyler, en Texas, encontró que Univisión es la
televisora más vista por la población hispana (entre la cual la gran mayoría es
mexicana) con 62% de la audiencia. Le sigue Telemundo con 22.7%. Galavisión, la
filial de Televisa en Estados Unidos, alcanza solamente el 8.2% de las
preferencias y Televisión Azteca apenas el 0.8%. El 3% prefiere a una emisora
afiliada a la cadena ABC, el 1.9% a la cadena Fox y el 0.7% a la CNN.


Univisión y Telemundo podrían convertirse en el nuevo gran elector de
los comicios en México. Los candidatos y quienes los respaldaran en la Unión
Americana preferirían anunciarse en las televisoras que ven allá nuestros
compatriotas. Esa publicidad, sin regulación posible por parte del IFE, podría
ser la que definiera quién será el próximo Presidente de México.

Fuente:
La Crónica (México)