El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, comparecerá el próximo jueves, 24 de noviembre, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para informar de las supuestas escalas en aeropuertos españoles de vuelos de la CIA que trasladaban a presos. Moratinos hará una gira por el Medio Oriente la semana que viene.

EEUU asegura que no tiene constancia alguna de posibles traslados aéreos de detenidos
El jefe de la Diplomacia estará fuera de España entre el domingo y el miércoles de la próxima semana con motivo de una gira que le llevará a Egipto, Afganistán y Pakistán.

El Gobierno español aseguró este miércoles que solicitó el pasado mes de marzo a la Embajada de Estados Unidos toda la información sobre este caso. Concretamente, tras las primeras noticias difundidas por medios de comunicación sobre el tema, el director general de Política Exterior para Europa y América del Norte, José Pons, solicitó “a través del encargado de Negocios de Estados Unidos en Madrid”, Robert Manzanares, “toda la información de la que dispusiese la Embajada norteamericana” sobre este asunto, indicó el Palacio de la Moncloa en un comunicado.

Tras realizar las oportunas diligencias, Manzanares comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que no tenía constancia alguna de posibles traslados aéreos de detenidos.

El Ejecutivo volvió a dirigirse el miércoles a la Dirección General para Asuntos de Europa y Eurasia del Departamento de Estado Norteamericano para intentar confirmar la existencia de estos supuestos vuelos y, “nuevamente”, el director general de este organismo volvió a confirmar “todos los extremos expuestos en el mes de marzo”.

Fue precisamente el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares abrió diligencias informativas sobre este asunto. El embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre, señaló hace dos días que el Gobierno de su país “nunca comenta nada sobre los asuntos de Seguridad o Inteligencia”, aunque aseguró que “en ningún momento ha habido una violación de la ley española en este caso”.