Pagar lo que se debe, está bien. Disponer de dinero ajeno, no. Y hacerlo sin facultades por un “decisionismo” al margen de la institucionalidad, pues… eso sí que aumenta los problemas.

Ricardo Lafferriere

¿Cómo discrepar con un principio ínsito en el comienzo de la civilización, como es pagar lo que se debe? El deber de honrar las deudas es tan ancestral que algunos biólogos opinan que los pre-homínidos –y hasta algunos mamíferos superiores, como los perros- lo respetan como base de su convivencia… En ese sentido, el pago que el país hará a sus acreedores del Club de París es tan correcto como lo sería pagar a los “hold out”, acreedores a los que no les pareció bien la oferta que la Argentina les realizo años atrás de reducirle su acreencia en casi un 70 por ciento y aún esperan que le paguemos lo que se les debe, o a los jubilados que se les congeló su haber en el 2002…

Pero… ¿está bien analizar una decisión de política económica internacional con el mismo cartabón con que analizan sus obligaciones los primates pre-homínidos? ¿O existen algunos elementos de sofistificación que debieran agregarse a este análisis desde la perspectiva, usos, costumbres y conveniencias de la economía internacional, de la propia convivencia nacional y el estado de derecho?

         Recordemos, para juzgar esta decisión, varios puntos:

1. Es cierto que la deuda está vencida en su mayor parte. Tanto como que los acreedores son gobiernos amigos y existe en ellos la disposición a renegociarla en los términos usuales para las negociaciones públicas entre Estados, a la tasa comunmente aceptada por el FMI, alrededor del 5 %.
   
   
2. No existen condicionamientos de política económica para el eventual acuerdo, salvo lo que de cualquier forma es obligación del país como miembro del FMI y de la comunidad internacional: mostrar en forma transparente las cuentas públicas, obligación ésta que es aceptada por todo el mundo, desde China hasta Bolivia, desde Cuba hasta Japón, desde Estados Unidos hasta la India y que es obligación de cualquier gobierno que haya superado la arcaica confusión entre los dineros públicos y el patrimonio personal de los gobernantes.
   
   
3. El dinero dispuesto para abonar esa deuda no es patrimonio personal de la señora presidenta sino de los argentinos que contribuyeron a atesorarlo: los productores que abonaron un tercio del valor de sus exportaciones, a través de las retenciones; los trabajadores que aportan los diversos impuestos con que se gravan sus salarios; los empresarios a través del impuesto a las Ganancias y varios más, y hasta los cartoneros y desocupados, que cuando adquieren algo tan elemental como un kilo de yerba, un litro de aceite o un cuaderno para la escuela de sus hijos le pagan al fisco el 21 % del precio en concepto de IVA. Ese dinero es el fruto del esfuerzo común de toda la sociedad.
   
   
4. Por eso mismo, la Constitución y las leyes disponen que no se pueden realizar gastos públicos sin una ley discutida y aprobada por el Congreso. Ello garantiza un piso de transparencia y un debate plural en el que se analicen las prioridades, las urgencias y las conveniencias de asignación de recursos públicos. En un estado de derecho, no hay impuesto ni libramiento sin ley que los autorice.
    
   
5. Si no se cumplen los procedimientos, el gobierno está disponiendo ilegalmente de dinero ajeno, aunque quienes reciban el pago saluden efusivamente y muestren su alegría con melosos comunicados de agradecimiento.

 ¿Está bien lo que anunció la señora presidenta, en el sentido de “instruir” al Ministro de Economía que realice el pago de la deuda al Club de París? Claramente, no. Salvo que esa instrucción se reduzca a elaborar la propuesta legislativa correspondiente, que debería enviarse al Congreso, responsable constitucional de “arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación”, como lo dispone el artículo 75 incs. 7 y 4 de la Carta Magna. 

Allí, en el parlamento, a la luz pública y con un debate transparente, debería analizarse la propuesta presidencial, escuchar sus argumentos y decidirse si es conveniente para el país realizar ese pago, si hay otras prioridades, o si, simplemente, habría otras alternativas más favorables que pagar en su totalidad una deuda cuya cancelación no es exigida, que genera una tasa de interés inferior a la mitad de la que se está contrayendo a través de los títulos adquiridos por Venezuela y que debilita la posición líquida del Estado en un momento en que existen coincidencias en los analistas internacionales sobre la incertidumbre que se prevé para los próximos meses en la economía internacional y en el valor de los “commodities”, pilares fundamentales de los recursos públicos y del dinamismo de la economía argentina.

La opción elegida no avanza en dirección a la calidad institucional. Más bien parece el resultado de un impulso adolescente, descalzado de un proyecto integral y generador de nuevos problemas (“hold out”, juicios en CIADI, debilidad en las reservas, revitalización de justos reclamos por la “deuda interna” como jubilados, militares retirados, docentes, etc.), problenas que el mercado ya descontó con un nuevo incremento del riesgo país y una nueva caída en el precio de los bonos públicos.

Pagar lo que se debe, está bien. Disponer de dinero ajeno, no. Y hacerlo sin facultades por un “decisionismo” al margen de la institucionalidad, pues… eso sí que aumenta los problemas. Para todos los argentinos, ahora. Y seguramente para la propia presidenta, cuando termine su mandato y le llegue el turno, como a sus predecesores, de recorrer junto a su marido los juzgados federales.