Bolivia perdió competitividad para atraer inversiones al sector de hidrocarburos después de la emisión del decreto de nacionalización que hizo el gobierno del presidente Evo Morales, dijo el representante de la empresa brasileña Petrobras en este país.

José Fernando de Freitas denuncia que hay inseguridad jurídica para las inversionistas
En una larga presentación ante el Senado, José Fernando de Freitas, presidente de Petrobras Bolivia, manifestó también preocupación porque los contratos que firmó el gobierno con las 12 petroleras que operan en Bolivia en el marco de ese decreto de mayo, aún no han sido aprobados por el Congreso, lo que implica que no hay seguridad jurídica.

´´Estamos con la respiración mantenida´´, dijo Freitas al indicar que Petrobras aún no puede hacer nuevas inversiones en Bolivia mientras los acuerdos, cuestionados en el Congreso por presuntas irregularidades, no sean aprobados por ese poder.

Como ejemplo de que Bolivia ha perdido atractivo, Freitas dijo que la empresa ha decidido no desarrollar el campo Irenda, en el sur, porque las condiciones que impuso el decreto de nacionalización no hacen rentable la operación.

´´Estas decisiones (como el decreto) perdieron notablemente competitividad frente a otras inversiones, en otros países, sea de América del Sur, sea de otros continentes´´, indicó.

´´El ´government take´ (la participación del Estado sobre lo facturado por impuestos, regalías y otros cobros) es muy alto y esto resta competitividad, tanto para nuevos proyectos de exploración, como también para los proyectos de explotación´´, agregó.

El ejecutivo concurrió al Senado en el marco de una investigación que realiza la cámara alta para determinar si una serie de irregularidades encontradas en los contratos y en el proceso de firma de ellos son en verdad ´´errores´´, como sostiene el gobierno, o ´´delitos´´ como insiste en señalar el principal partido opositor Podemos.

Al respecto, Freitas dijo que Petrobras firmó inicialmente un acuerdo con Bolivia, que fue modificado pocas horas después de suscribirlo. Pero finalmente fue enviado el primer texto al Congreso para su aprobación, en noviembre. La diferencia entre ambos es un anexo, el D. El más duro es el D1 y el D2 es más blando.

Indicó que el segundo era mejor que el primero, porque estaba más pulcramente redactado y era más preciso, pero dio a entender que al haber sido enviado el primero por el Congreso, Petrobras se resignará a que sea ese el que entre en vigencia.

Sin embargo, la oposición ha señalado que hubo dolo en la firma del segundo, porque quien se encargo de la negociación por parte del gobierno boliviano, el entonces asesor de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Manuel Morales Olivera, al parecer, incluyó en el momento de la firma los dos anexos, sin consultar ni avisar al entonces presidente de la empresa, Juan Carlos Ortiz. Fue éste quien reveló esa sospecha.

Freitas confirmó que ambos contratos están firmados por Ortiz y que para Petrobras valía el segundo, pero que para no dilatar más las negociaciones, la brasileña está de acuerdo con que sea el D1 el que entre en vigencia.

Corroboró también investigaciones periodísticas, admitidas parcialmente por Morales Olivera, de que expertos extranjeros negociaron directamente en representación de Bolivia con las petroleras.

Por este caso, Morales Olivera, fue destituido el viernes como presidente de YPFB, cargo al que accedió en enero. Fue reemplazado por el también militante del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Guillermo Arquipa.

Pero Podemos ya ha observado esa designación, como lo hizo antes con Morales Olivera, al señalar que es un operador del senador y dirigente del MAS Santos Ramírez, cuyo nombre aparece en al menos dos casos de presunta corrupción denunciados en este gobierno, y porque no tiene una profesión vinculada al área de hidrocarburos.