Aunque el magistrado encargado de la investigación, José Mucío, informó que las irregularidades no fueron cometidas con malas intenciones, el delito de responsabilidad es uno de los presupuestos que recoge la Constitución como una causa para iniciar un juicio político con fines de destitución del jefe del Estado.
 

En la denuncia, suscrita por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Demócrata (DEM) y Solidaridad (SD), solicitaron que el Tribunal Supremo de ese país abra una causa penal contra Rousseff y que inste a la Cámara de los Diputados a que inicie el proceso de destitución.
 

El senador Aécio Neves, presidente del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), admitió que el juicio político a Dilma Rousseff “no cuenta con el ambiente necesario para ser aprobado en el Parlamento”; por eso, los partidos opositores optaron por el camino de una investigación de métodos los utilizados por el Gobierno de Dilma para supuestamente disimular el tamaño del déficit fiscal, con lo cual habría infringido la ley de responsabilidad fiscal.
 

Los opositores responsabilizan a Rousseff por permitir realizar operaciones de crédito que están prohibidas para pagar gastos del Tesoro, que luego no eran contabilizados.
 

Desde la victoria de Rousseff en las elecciones del pasado octubre, su Gobierno se ha desenvuelto en medio de un clima de descontento en la sociedad por los escándalos de corrupción y el empeoramiento de la economía.