Familiares de una de las 36 personas que murieron en el incendio de la Embajada de España en Guatemala en enero de 1980, han pedido la extradición del entonces embajador español Máximo Cajal, por su responsabilidad penal en el siniestro. Cajal, que vive en España, siempre ha rechazado su responsabilidad en los hechos.

Se trata de Máximo Cajal, diplomático de carrera vinculado al PSOE
En 31 enero de 1980, un grupo de campesinos irrumpió en la Embajada española para denunciar la represión que entonces ejercía el Ejército guatemalteco contra campesinos mayas del departamento de Quiché.

Horas después de la toma, la Policía ingresó por la fuerza al inmueble y se produjo un incendio del que sólo Cajal salió con vida. El origen del fuego ha sido desde entonces motivo de controversia.

Muchos de los campesinos que tomaron la legación eran miembros del Comité de Unidad Campesina, que tenía vínculos con el Ejército Guerrillero de los Pobres. Entre quienes entraron a la Embajada y posteriormente fallecieron estaba Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la paz 1992, Rigoberta Menchú.

La solicitud de captura y extradición del diplomático proviene de familiares de María Rivas, ex secretaria del embajador español. Rodolfo Anleu, esposo de la víctima, aseguró que cuenta con “suficientes evidencias” que demuestran que Cajal “fue cómplice” de ese sangriento hecho.

El abogado de la familia de Rivas añadió que Cajal “permitió la entrada de campesinos y estudiantes a sabiendas de que iban en el grupo de personas que tenían intenciones políticas y que iban armadas y llevaban sustancias inflamables”.

Ríos Montt, perseguido por la Justicia española

La demanda contra Cajal llega semanas después que la Audiencia Nacional española admitiera para su trámite una acción judicial contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y otros militares guatemaltecos por delitos de genocidio, tortura y terrorismo de estado. Dicha acción penal está planteada por la Fundación Rigoberta Menchú.

La demanda de Menchú se extiende a Donaldo Alvarez Ruiz, entonces ministro de gobernación y actualmente prófugo de la justicia internacional, después de que desapareciera de su domicilio en México tras conocer de una orden de captura emitida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.