La defensa de la democracia y la firme oposición a la nueva Constitución Política del Estado son los puntos principales de demanda.

POLÍTICA-AMÉRICA

Prefectos y líderes de los Comités Cívicos contrarios al presidente Morales comenzaron su anunciada huelga de hambre en rechazo a una ley aprobada por el oficialismo que recorta sus ingresos, y contra el proyecto de Constitución aprobado irregularmente por la Asamblea Cosntiuyente.

En medio de un ambiente de creciente tensión, los prefectos (gobernadores) y líderes cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando ratificaron la medida que forma parte de la resistencia civil que decretaron la semana pasada contra el gobierno.

Los dirigentes cívicos convocaron a la huelga de hambre para exigir la derogación de una ley que pagará un bono a ancianos con recursos de los departamentos, y en rechazo a una nueva Constitución aprobada en primera instancia por el oficialismo, en una polémica sesión el 24 de noviembre en un liceo militar en Sucre, en medio de violentos disturbios que se saldaron con tres muertos.

Descartan la intervención de Brasil

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, descartó en una entrevista la posible intermediación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el conflicto entre el gobierno de La Paz y la oposición por divergencias en torno a la Asamblea Constituyente.

“Es un problema nuestro. No hay razón para que tengamos un mediador externo”, afirmó García Linera en una entrevista publicada hoy por el diario brasileño Folha de Sao Paulo, y en la que defendió la legalidad de la Constitución aprobada en primera instancia por los constituyentes oficialistas sin la presencia de la oposición.

Pese al rechazo de intermediaciones externas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió una comisión a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar las supuestas provocaciones violentas de la oposición.

De la misma forma, varios gobernadores opositores, entre ellos Rubén Costas, de la región de Santa Cruz, y Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, también viajaron a Estados Unidos para denunciar ante la OEA y la ONU al gobierno de Morales por su supuesta actuación “ilegal” en la Asamblea Constituyente y en el Congreso.