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Fiscal Patricio Cooper, ex esposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, Presidente Boric

Fiscal Patricio Cooper, ex esposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, Presidente Boric

ProCaptura y la desafección con la política

El caso convenios y en particular la Fundación ProCultura, creada por el siquiatra Alberto Larraín, han revelado la existencia de un mecanismo para extraer recursos públicos con la finalidad de utilizarlos en campañas políticas; apropiarse indebidamente de ellos para usos particulares; y/o pagar remuneraciones a militantes políticos, (básicamente del Frente Amplio) manteniendo así una estructura de cuadros fidelizados que permite controlar a los partidos y contar con un financiamiento de largo plazo para ellos.

El modus operandis de estas organizaciones es el siguiente: 1) Distintas entidades públicas a cargo de autoridades de confianza política contratan servicios por montos millonarios. Estos servicios tienen la característica de ser, o bien innecesarios; o sobre pagados con honorarios desproporcionadamente altos, de manera de originar un excedente que se usa para las finalidades indicadas más arriba. 2) La adjudicación de estos contratos se hace mayoritariamente sin licitación pública sino a través de trato directo (fraccionando las cantidades en dos o más partes si ello fuere necesario para cumplir la normativa). 3) El pago de los servicios se realiza preferentemente al contado y de manera anticipada, quedando así pendientes las rendiciones de cuentas, lo que permite gastar arbitrariamente el dinero.

Este mecanismo hace posible que proyectos que supuestamente benefician a comunidades vulnerables (disfraz filantrópico lo llamo un destacado columnista), terminen de verdad sirviendo a políticos, en lo que se constituye en un verdadero esquema de captura de la administración pública para fines espurios.

La Fundación ProCultura vendría así a ser la madre de todas las capturas. Ello por los montos que ha recibido; el alcance nacional de sus actuaciones (ocho regiones y proyectos hasta en la Isla de Pascua); la diversidad de ámbitos en los que actúa (cultura, salud mental, turismo, vivienda) y las estrechas conexiones con autoridades políticas como el Presidente Boric, el gobernador Claudio Orrego, Miguel Crispi, quien habría gestionado cambios de asignaciones presupuestarias para financiar sus proyectos, y Diego Ibáñez, quien presidía el Partido Convergencia Social y era muy cercano a Alberto Larraín.

Por todo ello, la Fiscalía dirigida por Patricio Cooper ha investigado la comisión de delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, lavado de activos y apropiación indebida de fondos, por un total superior a los 6.000 millones de pesos. La Fiscalía maneja la hipótesis de que entre las campañas financiadas pudiera estar la del Presidente Boric (pagos a la Productora Gráfica Andros Ltda.) y también la del Apruebo.

Cabe señalar que la Fundación fue creada el año 2009, pero aumentó significativamente sus contratos públicos en el Gobierno del Presidente Boric, de quién Alberto Larraín es amigo personal. Así, mientras el año 2021mantenía contratos por 317 millones de pesos, el año 2022 éstos aumentaron a 3.283 millones, vale decir más de diez veces.

Como en otros episodios bochornosos de su Gobierno (Caso Monsalve y Casa de Salvador Allende) el Presidente Boric con su pulsión por intervenir personalmente en los problemas más delicados de una forma temeraria, sin una planificación previa, ni la coordinación de una respuesta coherente del Gobierno, ha venido a agravar las cosas. No se explica de otra manera que haya llamado por teléfono a la ex esposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, para coordinar actuaciones de los abogados que intervienen en el proceso o para inquirir sobre depósitos en cuentas corrientes de su expareja Irina Karamanos, quien estuvo contratada por Procultura (contratación que a Huneeus le pareció un des criterio, no así a Larraín ni a Boric en su momento, si suponemos que estaba enterado).

La primera reacción desde personeros de Gobierno fue atacar a la Fiscalía y defender a troche y moche las actuaciones del presidente y de personeros del Frente Amplio, partido que incluso llegó a llamar espionaje a la investigación de la justicia. El ministro Elizalde, a la sazón Vicepresidente de la República, habló de politización de la Justicia (insólito) y la ministra vocera Aysén Etcheverry al referirse a la conversación del Presidente Boric con Huneeus dijo que ésta no daba cuenta de ninguna gestión (Boric dice en la conversación que va a llamar al abogado Jaime Winter para que se contacte con la representante legal de la Fundación ProCultura). En el partido Socialista en cambio y en la candidatura de Tohá se ha tomado distancia de esta torpe defensa cerrada de las actuaciones del Gobierno y el Presidente Boric. El candidato Winter quien en un principio defendió al Gobierno ahora se empieza a alejar.

Pese a que en el oficialismo se intenta ahora radicar toda la responsabilidad por estos hechos en Alberto Larraín, es evidente que para realizarlos ha debido contar con la complicidad de varios personeros de Gobierno. El desmentido de Larraín, en el sentido que no ha financiado campañas políticas, debe tomarse como de quien vienen, ya que se siguen conociendo antecedentes, algunos horrorosos, de sus actuaciones en el caso.

La Justicia tendrá que seguir su camino y falta tiempo para que haya resoluciones y certezas, pero hay que convenir en que esto es un escándalo mayor que le hace un daño político indeleble al Gobierno de Boric. No obstante, también se lo hace a la política en general y al país y eso es grave.

Como es sabido, el gasto público en la última década ha crecido desproporcionadamente, sin que esto se refleje en mejores servicios a los chilenos. La presunción de que ese gasto satisface necesidades políticas y no ciudadanas es cada día más fundada. La última encuesta CEP muestra una opinión muy crítica hacia los partidos políticos y si los dirigentes de ellos no sintonizan con este sentimiento, las preferencias electorales se irán a quienes piden acciones más drásticas para parar esta sangría de recursos que solo favorece a minorías. Terminar con la captura del Estado alimentada por el crecimiento del gasto público es una necesidad urgente.

/Libertad y Desarrollo/

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